El eventual aumento de los llamados “impuestos saludables”, que tendrá un impacto en el precio del tabaco, productos de nicotina y las bebidas azucaradas, es una “oportunidad histórica” para atacar los altos índices de fallecimientos prevenibles que causan esos productos, así como de aumentar la recaudación y destinarla al sistema de salud pública.

Así lo afirmaron expertos y académicos en un conversatorio organizado en la Cámara de Dipu­tados, quienes señalaron que, para lograr el efecto deseado de baja en padecimientos graves sería recomendable que los legisladores fijen un impuesto mínimo de tres pesos por cigarrillo y de siete pesos por litro de refresco.

Durante el foro, organizado por el vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, el director de la organización civil Salud Justa MX, Erick Antonio Ochoa, destacó la necesidad de realizar acciones “audaces e inmediatas” para frenar a la industria tabacalera, “que mata a más de 50 por ciento de sus consumidores”.

Luego de destacar que cada año el tabaquismo es la causa de muerte de 63 mil personas en México y responsable de unos 429 mil casos de enfermedades no transmisibles –en particular el cáncer y la diabetes--, el activista indicó que si se aumentaran los impuestos a los cigarros, para que se aplique una tasa de IEPS de tres pesos por cada cigarrillo, el consumo podría reducirse en más de 40 por ciento, al tiempo que la recaudación sería 26 por ciento mayor.

En la segunda parte del foro, destinada al tema de las bebidas azucaradas, Paulina Magaña, integrante de la organización El Poder del Consumidor, aseguró que, al contrario de los argumentos de quienes se oponen a los “impuestos saludables”, este tipo de medidas fiscales sí han funcionado para bajar los índices de consumo de refrescos, cuyos efectos negativos en la salud perjudican más a los sectores más pobres.

En tanto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizará mañana con funcionarios de Hacienda y de Aduanas la iniciativa presidencial que propone endurecer las medidas contra el tráfico ilegal de hidrocarburos y mercancías, y al respecto la secretaria de la comisión, Marybel Villegas Canché (Morena), definió que se trata de “meter orden en el sector”.