a visita a México del primer ministro canadiense, Mark Carney, la semana pasada, fue un espaldarazo a la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de salvar al T-MEC del probable descarrilamiento por parte de Trump (ver Latin American Risk Report: https://tinyurl.com/6bhhapyb). También ayudó a dejar atrás el capítulo de titubeos ante México, del pasado primer ministro, Justin Trudeau. El resultante Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 (https://tinyurl.com/4rftuje8 )está lleno de buenas intenciones en cuanto a seguridad, cambio climático y otros temas, pero su principal objetivo es claro: aumentar el comercio y la inversión canadiense en proyectos de infraestructura y extractivos en México.
Sirvió también a Sheinbaum para justificar el echar todos los huevos a la canasta de América del Norte y disipar, por un tiempo al menos, los cuestionamientos que se le hacen de imponer nuevos aranceles a países con los que México no tiene TLC, empezando por China. Lejos de haber sido concebidos en “favor del desarrollo en México”, sencillamente, como nos lo subrayó hace seis años John Saxe-Fernández en este diario, EU impuso a México y Canadá “una lesiva cláusula que nos encierra en un bloque multidimensional con EU en su fricción con China”, que va acentuándose a guerra comercial, tecnológica, monetaria, y de seguridad (ver La Jornada, “T-MEC, ¿más agresión unilateral?” 6/6/19).
Fue ineludible para Sheinbaum y Carney abordar durante la visita el tema de los impactos de la minería. Sheinbaum exigió respeto a las normas ambientales y Carney pidió una lista de las empresas mineras de su país que no cumplen con “una minería sustentable” y prometió cumplir con requisitos de “mitigación y remediación”. Para elaborar esa lista, Sheinbaum y Carney harían bien en prestar atención al boletín de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en el que se dice categóricamente que en “el centro de esta visita está el garantizar la continuidad de la prosperidad, no compartida, sino racista, con la que operan las empresas mineras en nuestro país”. Y denuncia “la política colonialista injerencista y extractiva de Canadá en México y en América Latina” y que “el gobierno canadiense actúa como si sus verdaderos patrones fueran las empresas mineras, y no su población” (https://tinyurl.com/jzwkp8ta).
REMA denuncia las demandas de empresas mineras contra México bajo el TLCAN/T-MEC, o bajo el TPP (ya he escrito sobre los casos de las mineras canadienses Majestic, Almaden y Almadex vs México). Es del erario que se tienen que pagar gastos multimillonarios. Ante esta realidad, es demasiado desgastada la retórica en el Plan de Acción México y Canadá. Por ejemplo, se plantea lo de siempre: que los países “colaborarán para un desarrollo minero sostenible en ambos países, con el fin de producir los recursos minerales necesarios para apoyar la transición verde y las tecnologías sostenibles del futuro” y promover “una conducta empresarial responsable”.
Aunque se pretenda establecer en la nueva estrategia integral que México y Canadá establezcan un diálogo bilateral sobre seguridad, sin la intromisión del país mandamás de en medio, urge corregir las fallas más fundamentales de administraciones pasadas y replicadas en el tratado, como es la prohibición a los controles de capitales en el capítulo, precisamente, de inversiones cuyo artículo 14.9 sobre transferencias establece que “cada parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan libremente y sin demora desde y hacia su territorio”.
Según un informe reciente de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Unodc) “los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico transfronterizo de drogas son comparables al valor de las exportaciones de los mercados lícitos... El crimen organizado y el comercio en mercados ilegales, como el tráfico de drogas y el contrabando de migrantes, generan miles de millones de dólares en flujos ilícitos cada año. Las ganancias de estos delitos pueden canalizarse al extranjero, blanquearse y reinvertirse en mercados legales” (traducción propia https://tinyurl.com/y6s6pu85). Como la organización Global Financial Integrity analiza muy bien, esto se hace mediante la ocultación de “riqueza en sectores e inversiones aparentemente legítimos, que pueden incluir bienes raíces, textiles, automóviles y otros” (https://tinyurl.com/mr23py6m).
Habrá mucho movimiento con el anuncio de la Secretaría de Economía, bastante repentino por cierto, de que se consultará a la gente (así en general) con respecto al T-MEC. Pero será esencial que se garantice que se establezcan verdaderos espacios y mecanismos de diálogo, foros, etcétera, e ir más allá de cumplir con el acuse de recibo de propuestas enviadas a un buzón físico o electrónico. ¡En sus marcas, listos, fuera! Tenemos 60 días para enviar propuestas, pero dicho sea de paso, las organizaciones sociales y civiles comienzan una carrera como si fuera de 800 metros, con como 700 de desventaja, al menos. A la iniciativa privada se le consulta permanentemente y para el T-MEC se les invitó específicamente a formar un “cuarto de junto” desde 2024, coordinado nada menos que por el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE https://tinyurl.com/bdevdpwv).
¿Cómo sintetizar más de tres décadas de profundas investigaciones acerca de los impactos del TLCAN y de tratar, con vano afán hasta ahora, impulsar modelos alternativos de comercio al modelo neoliberal imperante? El gobierno de México tendrá que escuchar al menos dos narrativas opuestas. Aquella siempre presente, la de la minoría conformada por grandes empresarios trasnacionales que velan sólo por sus intereses, y la de organizaciones de pueblos afectados por inversiones que impactan sus derechos humanos, les despojan de sus territorios, contaminan sus aguas, etcétera, y que proponen y luchan por medios de vida alternativos al modelo neoliberal. Ciertamente una tarea nada fácil, no apta para los tecnócratas al servicio del poder que ya se están apuntando.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
