na de las más contenciosas provisiones de la Constitución de Estados Unidos es la que se refiere a su primera enmienda constitucional, que protege la libertad de expresión, religión, asociación y prensa. Las interpretaciones en torno a sus límites han sido motivo de una sistemática discusión a lo largo de la historia.

Esa discusión, que pudiera ser determinante para el futuro de la libertad de expresión en ese país, podría estar ocurriendo en estos momentos. La decisión de dos de las más importantes cadenas de medios –ABC y CBS– de cancelar sus emisiones nocturnas de entretenimiento (Talk Shows) parece ser el inicio de una cadena de sucesos destinada a suprimir la libertad de expresión.

En el primer caso, la cadena ABC canceló El programa de Steven Colbert, justificando el hecho por “su bajo rating”, lo que era falso, ya que era la emisión de entretenimiento más vista en horario nocturno. En el segundo caso, la cadena CBS canceló el programa de Jimmy Kimmel al día siguiente de que ahí expresó desagrado por la forma en que se utilizó el crimen de Charly Kirk –uno de los más conspicuos promotores de la ultraderecha– para atacar a la izquierda desde el gobierno.

En ambos casos, según información de la prensa, el telón de fondo es la autorización gubernamental que ambas cadenas necesitan para fusionarse con otros medios. La condición fue que se suprimieran los comentarios contra el presidente que, según su parecer, son injustos y carecen de sustento.

Para varios especialistas, la raíz de la reacción del gobierno está en la idea que Trump tiene de haber sido censurado injustamente por el gobierno de Biden. De ser así, el asunto tiene por lo menos tres derivaciones: la revancha de Trump contra los medios y el gobierno pasado, la apertura del actual gobierno a la creación de monopolios en el sector de los medios de comunicación y la supresión de críticas al gobierno.

La gravedad de esto último es que la libertad de expresión está en peligro, así como la intención del gobierno de desnaturalizar la primera enmienda constitucional.

La evidencia de ello es la demanda de Trump por varios millones de dólares contra la cadena ABC debido a que en el popular programa 60 minutos se entrevistó a Kamala Harris cuando estaba en campaña por la presidencia. A juicio de Trump, dicha entrevista violó la ley electoral. Para evitar un largo juicio, y previendo que se obstaculizara la compra de la cadena por un prominente aliado de Trump, la corporación dueña de ABC cedió al chantaje y le pagó 15 millones de dólares.

Además, en un gesto de autocensura, obligó a renunciar a quien durante más de 30 años fue el productor de dicha emisión. La saga de esta carrera de censuras y demandas millonarias es que ahora Trump demandó al New York Times porque, desde su peculiar perspectiva, considera que en ese medio se le ataca injustificadamente.

Trump no es el primer presidente que trata de acallar las críticas contra el gobierno. En su momento, Nixon lo intentó para silenciar su involucramiento en el espionaje en Watergate. La diferencia, al parecer de varios especialistas, es que en esta ocasión se ha iniciado un plan de largo alcance, cuya finalidad es coartar paulatinamente el derecho a discrepar del gobierno, al amparo de la libertad de expresión.

Hace algunos años se juzgaron como desproporcionados los temores por la forma en que un sector del Partido Republicano se inclinaba por el extremismo de ultraderecha. Hoy ese temor se concretó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El Tiempo de Canallas, descrito por Lilian Hellman en referencia a los peores momentos del macartismo, pudiera estar a la vuelta de la esquina.