a semana pasada inició un diálogo que promete marcar un antes y un después en la vida democrática del país. Las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral nos reunimos con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. No se trató de un mero protocolo; más bien, fue la apertura de un espacio decisivo para repensar las reglas del juego que definirán el futuro político-electoral de México.
No sobra subrayarlo: el contexto de esta reforma electoral en ciernes es inédito. Se abre la discusión de un cambio, tras la primera elección en que la ciudadanía eligió de manera directa a las personas juzgadoras. Esto nos ubica en un nuevo escenario: llegamos a nuestros respectivos cargos jurisdiccionales con un mandato popular que nos obliga a escuchar, rendir cuentas y responder con certeza a millones de personas.
Lo he dicho y lo sostengo: me debo al voto popular y de ahí emana mi principal responsabilidad. Por eso estoy convencido de que el mandato democrático debe estar en el centro de cualquier cambio y discusión. Pues una vez que el debate legislativo se traduzca en normas y los foros y los discursos hayan rendido sus frutos, será el tribunal electoral el responsable de aplicar esas pautas, y lo hará procesando la pluralidad de voces en reglas vivas encaminadas a mantener funcional a nuestra democracia.
La reunión con la Comisión Presidencial abrió una ventana estratégica. Para el tribunal significa fijar una postura técnica y de corresponsabilidad frente al Estado mexicano: no estamos para generar conflictos, sino para resolverlos con imparcialidad. Para mí es la oportunidad de reafirmar que desde la legitimidad popular contribuiré a que la reforma responda a las altas expectativas que el país tiene respecto a nuestro ejercicio como impartidores de justicia.
El diálogo mostró voluntad de construir una visión compartida. Se habló de temporalidades claras, de no cambiar las reglas a mitad del camino, de garantizar paridad y pluralidad y de equilibrar lo local con lo nacional. En el fondo coincidimos en algo esencial: que el nuevo marco normativo debe respetar la voluntad ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos como lo que son: un bien público.
El TEPJF debe ser ejemplo de colegialidad. Las diferencias de criterio son riqueza cuando se procesan con respeto, responsabilidad y con ánimo constructivo, y por encima de todo, la justicia electoral debe seguir siendo un pilar de paz social, garante de legalidad y factor de estabilidad democrática.
El reto es enorme: en 2027 tendremos elecciones locales y nacionales bajo un marco renovado. Pero también es una oportunidad: que las magistraturas aporten toda su experiencia técnica para hacer operable esta reforma acorde con los valores de democracia, pluralismo y certeza.
A partir del 1º de noviembre, al asumir la presidencia de la Sala Superior y con el necesario apoyo de mis colegas, me corresponderá encabezar los trabajos del tribunal en este momento histórico. Mi mandato es doble: dar resultados y honrar el voto, y ese mandato se cumplirá con resoluciones que fortalezcan la democracia mexicana.
Porque al final, la reforma deberá debatirse en muchos espacios y, tras ello, su vigencia real se definirá aquí: en la aplicación concreta de las reglas, en la protección irrestricta del voto y en la legitimidad de las elecciones. Esa es la trascendencia de este encuentro y la responsabilidad histórica de esta generación de magistradas y magistrados.
*Magistrado de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación
