El Senado intensificará trabajos a partir de la próxima semana para aprobar las cinco iniciativas pendientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente las tres reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial y sobre todo las modificaciones a la Ley de Amparo, que la mayoría de Morena y aliados pretenden sacar a más tardar la primera semana de octubre.

En la bancada guinda hay voces a favor de que se lleven a cabo foros de discusión, entre éstas de los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza, que son quienes van a dictaminar la iniciativa. La propuesta se discutirá en el grupo mayoritario, aunque el coordinador, Adán Augusto López Hernández, declaró ya que es una iniciativa urgente.

El también morenista Manuel Huerta llevó a cabo una reunión con una asociación de abogados para discutir los alcances de la iniciativa en materia de amparo, toda vez que, dijo, “el Senado se volvió el epicentro de este debate, como lo ha sido desde que logramos la reforma al Poder Judicial”.

En entrevista, comentó que el juicio de amparo “es una institución muy noble”, de la que jueces, magistrados y ministros del pasado abusaron, y por ello en la iniciativa de la Presidenta se plantean modificaciones, a fin de acabar con excesos, como los que permitieron que empresarios no pagaran impuestos millonarios, frenar leyes que protegen los recursos energéticos o permitir la excarcelación de narcotraficantes.

Huerta resaltó que falta aprobar un segundo paquete de iniciativas reglamentarias de esa reforma judicial, entre ellas las dos que envió la titular del Poder Ejecutivo a la Comisión Permanente, en junio pasado.

Se trata de la iniciativa que modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin también de introducir plazos en la impartición de justicia e incluye la figura conocida como “jueces sin rostro”.

La intención es garantizar que jueces, magistrados y ministros puedan realizar sus funciones judiciales con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética y para ello se establecen medidas que preserven la seguridad e “identidad” de quienes imparten justicia, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.

La otra iniciativa es la que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que fija un plazo de seis meses para resolver los juicios fiscales.