Ante la decisión de la anterior administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) encabezada por la ex ministra Norma Lucía Piña Hernández, de no presupuestar recursos y otorgamiento de contratos para mantenimiento y servicio en lo que resta de este año, juzgados y tribunales federales enfrentan problemas técnicos para que los nuevos juzgadores puedan laborar, ya que no están dados de alta en los sistemas institucionales, lo que afecta el listado de asuntos a resolver, sesionar con sus pares en el caso de los tribunales colegiados ni desahogar asuntos urgentes.

Además, se carece de impresoras o insumos para éstas, por lo que no se pueden imprimir constancias, acuerdos o sentencias, lo que materialmente imposibilita “desarrollar actividades en condiciones normales”, señalan documentos del PJF.

La magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, emitió un “aviso” el pasado 17 de septiembre en el cual señala: “se hace del conocimiento de litigantes, abogados postulantes y del público en general, que por acuerdo adoptado por el pleno de ese tribunal el día 17 de septiembre de 2025 se declara día inhábil, pero laborable, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las partes; por virtud del trámite administrativo que se está llevando a cabo para que las magistradas Yohana Ayala Villegas y Juana Erika Ordóñez Salazar cuenten con número de expediente por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y puedan darse de alta en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes”.

Integrantes del PJF señalaron que en diversos órganos jurisdiccionales los nuevos jueces o magistrados no pudieron realizar sus funciones debido a la falta de registros en el sistema, y por ello se mantienen las declaraciones de días inhábiles, pero laborables; al igual que en la mayor parte de juzgados y tribunales, carecen de equipos para impresión, por lo que han tenido que recurrir a obtener copias de documentos importantes a negocios cercanos, porque la administración de la ministra Piña Hernández no aprobó presupuesto destinado al mantenimiento de equipos para lo que resta de este año y corresponderá al recientemente creado Órgano de Administración Judicial, realizar las contrataciones correspondientes, que tardarán varios meses.

Asimismo, el pasado 16 de septiembre, Julio César Bravo Deza, secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, certificó que “se han presentado constantemente problemas técnicos con el funcionamiento de las impresoras y multifuncionales asignadas a este juzgado federal, así como la falta de insumos (tóner o piezas) para éstas, lo que imposibilita materialmente la impresión de las constancias, acuerdos, sentencias y cualquier otra determinación que se emiten a diario en los asuntos del índice de este órgano jurisdiccional”.