stamos a ocho días de conmemorar un nuevo aniversario de los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en los alrededores de Iguala, Guerrero. Once años de indeclinable dignidad por parte de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero 11 años también marcados por la inconsistencia de las autoridades en sus intentos de dar con el paradero de los 43 y brindar justicia y verdad para los familiares de las víctimas. El hecho es que, 11 años después, persiste la deuda histórica en un caso que reveló la cruda realidad de un México profundamente herido, ya no sólo bajo la forma de la comisión de homicidios en el marco de la denominada guerra contra el narcotráfico desde la primera década de este siglo, sino también bajo la ominosa figura de la desaparición de personas.
Ayotzinapa desnudó la profundidad de la violencia estructural de México en dos vías: la desaparición forzada de personas cometida por autoridades de cualquier orden, especialmente policías y fuerzas armadas, pero también la desaparición de personas a manos del crimen organizado, misma que hizo necesario construir la distinción jurídica que supone el concepto de la desaparición de personas cometida por particulares. Los esfuerzos iniciales de dar con el paradero de los 43 sacó a la luz la aterradora realidad de un país repleto de fosas clandestinas en cuyo interior yacen cuerpos y pertenencias de miles de personas sin identificar.
A 11 años de aquellos hechos, la crudeza de la crisis de desaparición –que, no lo olvidemos, es una grave violación de los derechos humanos– se ha profundizado en nuestro país. Son más de 133 mil personas las que al día de hoy se encuentran desaparecidas, y sus índices de incidencia continúan al alza, en contraste con la marginal reducción que se observa en los homicidios. Del total de personas desaparecidas y no localizadas, más de 56 mil desaparecieron en el sexenio anterior y cerca de 14 mil han desaparecido en el actual. A las cifras hemos de sumar la caracterización de una realidad nacional sometida al crimen organizado, especialmente en numerosos territorios donde las organizaciones criminales ejercen el control total, ya sea en abierta confrontación con las fuerzas del Estado, o bien, valiéndose de las estructuras e instituciones estatales.
Ante esta realidad que persiste y se agrava, podemos afirmar que, desgraciadamente, Ayotzinapa no significó un antes y un después, sino que hoy por hoy es un momento especialmente crítico de un continuum marcado por la impunidad como el mayor factor de normalización de la violencia y la peor patología de la vida pública de nuestro país. Muestra de este patrón de continuidad son las distintas etapas del proceso marcadas por variaciones notables en la voluntad política para la atención del caso, a la par de omisiones graves en los esfuerzos de investigación del mismo.
La primera etapa se vio marcada por la llamada verdad histórica; la segunda, por el desmantelamiento de la misma y la presencia de la asistencia internacional. Esta colaboración de especialistas provenientes de otros países hizo posible evidenciar la vinculación de distintas instituciones públicas desde el nivel municipal hasta el federal en la comisión de los actos, aportando elementos que permitieron confirmar la presencia de profundas redes de macrocriminalidad en esa zona del país, pero claramente a lo largo y ancho de nuestro territorio.
La tercera etapa estuvo caracterizada por la constitución de un andamiaje institucional que, en teoría, posibilitaría la verdad y la justicia a partir de acciones como la creación de una fiscalía especial, una comisión de la verdad y el regreso de la asistencia internacional. Finalmente, es posible identificar una cuarta etapa, que podemos denominar como la de la “oportunidad perdida”, dado que se distingue por la falta de disposición del gobierno de López Obrador para desvelar la profundidad de los vínculos macrocriminales. El gobierno que enarboló la narrativa del “no somos iguales”, no sólo no puso a la vista la verdad de lo sucedido, sino que contribuyó a hacer más denso el halo de encubrimiento sobre una posible participación de las fuerzas armadas en los hechos.
Hoy, a 11 años de la tragedia y a un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, los padres se siguen jugando lo mismo que el primer día: una dignidad inquebrantable que con el paso del tiempo sigue en pie exigiendo verdad, justicia y no repetición. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum se juega el alcance de la disposición del Estado que representa para colaborar en la investigación del caso, especialmente en relación con los señalamientos que refieren a las fuerzas armadas como probable actor clave en el proceso de desaparición de los normalistas, sobre todo por la confirmación de que varias de sus altas autoridades estuvieron enteradas en todo momento de los hechos, e incluso tenían infiltración en la escuela Normal. Los meses siguientes serán clave para la definición del rumbo de la atención al caso, en donde el actuar del gobierno en turno definirá no sólo su pauta de relación con los padres y madres de los normalistas, sino con las familias buscadoras de todo un país, que permanecen en su lucha con una enorme dignidad altamente contrastante con las omisiones del Estado.
Entretanto, Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que evidencia la intolerable tragedia incesante de la desaparición de personas en nuestro país, no como una cadena de actos aislados, sino como un grave condicionante estructural en la vida de todas y todos los mexicanos, que se reitera en casos recientes, como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán, los jóvenes de Lagos de Moreno o los desaparecidos y localizados en Amozoc. A 11 años de la desaparición de 43 normalistas, el asesinato de seis personas y la lesión de más de 40, desde este espacio seguimos uniendo nuestra voz a la de cientos de miles de familiares en búsqueda que siguen exigiendo verdad y justicia.
