n submarino nuclear de ataque rápido, destructores lanzamisiles, cruceros de misiles guiados, anfibios portahelicópteros, sofisticados dispositivos de espionaje y más de 4.000 militares han sido desplegados por el gobierno estadunidense al Gran Caribe. El pretexto: “combatir el narcotráfico”, aun si el Informe Mundial sobre las Drogas evidencia que ese negocio ilícito casi no opera en ese mar y que Venezuela, blanco de ataque de ese operativo, no figura en el mapa de productores y es casi nula la incidencia del tráfico proveniente de su vecino del sur.

Pero, aunque las más confiables fuentes evidencian que se equivocaron de mar y también de objetivo, en lugar de enmendar y volcarse a cuidar sus importaciones y comercialización interna, la movilización bélica estadunidense se fortalece, llegando hasta a forjar un cártel hipotéticamente liderado por el presidente Nicolás Maduro, para habilitar la declaratoria de amenaza para la seguridad nacional y legitimar el despliegue bélico.

El gobierno estadunidense alude a Venezuela, pero sus líneas estratégicas evidencian un radio mucho mayor. Por eso, en lo inmediato Guyana y Trinidad y Tobago se han involucrado directamente, mientras Colombia ha expresado su voluntad de defender la paz junto a Venezuela. Cuba ha reiterado su postura de defensa de la soberanía y la autodeterminación al unísono con ALBA-TCP, instancia de integración regional de la que hacen parte San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, a más de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

De modo que se trata de una problemática geopolítica de gran envergadura, pues es una zona que cubre por lo menos un tercio de la región latinoamericana y caribeña. Son 22 países sudamericanos, centroamericanos e insulares; incluso México colinda con este enclave geopolítico, conformado adicionalmente por 15 países aún en situación colonial, como Puerto Rico o Martinica. Aún más, esa incursión belicista involucraría a estados no caribeños como Paraguay, Argentina y Ecuador, cuyos gobiernos son anuentes con la estrategia estadunidense. Incluso Francia, país colonizador, ha entrado en la ronda desplegando un buque, y no se descarta que Gran Bretaña y Holanda, también colonizadores, tomen parte.

Y esto sólo refiere a los últimos despliegues, pues de hecho hay una presencia militar permanente. La Cuarta Flota está en la escena desde 2008 y las operaciones de guerra económica, sicológica, cognitiva y otras son parte de una bandeja de presiones fijas dirigidas principalmente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países señalados como una amenaza para la seguridad nacional estadunidense.

Y justamente, ocupando territorio cubano, Estados Unidos mantiene ilegalmente en Guantánamo la mayor base militar del Caribe, como también instalaciones y bases en Curazao, Aruba, Bahamas, Antigua y Barbuda, Puerto Rico y Republica Dominicana. En el continente, están en Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, y se han realizado flamantes “actualizaciones” para la Fuerza de Defensa de Guyana, país que, al unísono con la trasnacional petrolera ExxonMobil, azuza una confrontación con Venezuela.

Corporaciones asociadas al Complejo Industrial Militar Digital y al Ejecutivo estadunidense tienen relevantes intereses en el Caribe, es más, a tono con las dinámicas de afianzamiento del mercado total y privatización de la defensa y seguridad, empresas como Academi o Vectus Global, de Erik Prince, han incursionado en la puja desde para atentar contra el presidente Nicolás Maduro hasta para “conciliar” Haití.

El gobierno haitiano suscribió con el mercenario Erik Prince un acuerdo de 10 años para la “pacificación” de su país asolado por un caos que los mismos oferentes de “soluciones” indujeron. Ese acuerdo involucra incluso el restablecimiento del sistema fiscal y de tributación aduanera, especialmente en la frontera con República Dominicana.

No se explicita en el acuerdo haitiano la eventual prospección de minerales y tierras raras, pero el hecho evoca la experiencia de la República Democrática del Congo, uno de los países más afectados por violaciones a los derechos humanos en el mundo, donde la empresa de Prince fue contratada para “proteger” las riquezas minerales y también mejorar la recaudación de impuestos y controles fronterizos.

Así, el botín ambicionado por Estados Unidos y sus corporaciones comprende riquezas ad infinitum, especialmente una vasta superficie terrestre y marina con biodiversidad, ecosistemas, reservas ecológicas únicas, agua, hidrocarburos, tierras raras, enclaves estratégicos para la producción de hidrógeno limpio, minerales, agricultura, flora y fauna, y un gran etcétera. Para lograrlo, están en el escenario acciones políticas como inducciones al fraccionamiento de la Caricom o de ALBA-TCP y la militarización como medida de fuerza ante los cambios geopolíticos regionales y globales.