La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó por un año a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las firmas involucradas en la polémica que en junio pasado llevó al cierre de varios recintos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La sanción se dio a conocer en una circular publicada en la edición del 15 de septiembre del Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que la dependencia pidió a las instancias de la administración pública federal, de los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México abstenerse de aceptar propuestas y/o celebrar contratos con la compañía.

La empresa tiene derecho a impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para tratar de suspender la sanción o quede totalmente sin efecto.

Sin embargo, no se explicó el motivo de la sanción en la circular ni el monto de la multa impuesta.

“En caso de que, al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la citada persona física no haya pagado la multa impuesta a través de la resolución del 11 de septiembre de 2025, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente”, se señaló en el DOF.

El pasado 30 de mayo, el INAH emitió el fallo de la licitación pública federal LA-48-D00-048D00001-N-5-2025, mediante la cual adjudicó contratos de seguridad a tres empresas: SSS Asistencia y Supervisión, Sistemas Prácticos en Seguridad Privada y la ahora inhabilitada Grupo de Seguridad Privada Pryse de México.

Esta última, de acuerdo con lo que dio a conocer en su momento el INAH, se haría cargo de la vigilancia en los recintos del Instituto en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.

Esa licitación generó la movilización de los trabajadores de los recintos y otros espacios del instituto con el resultado de que varios de los más emblemáticos, entre ellos los museos Nacional de Antro-pología, del Templo Mayor, Nacional de las Intervenciones y el del Castillo de Chapultepec cerraran sus puertas por la falta de personal de seguridad.

En la circular, la SABG puntualizó que los contratos previamente formalizados con la empresa de seguridad por parte de instancias de gobierno de los tres niveles “no quedarán comprometidos”.

La inhabilitación entró en vigor el martes, un día después de su anuncio en el DOF.