La organización civil Reintegra enfrenta una crisis económica por la reducción de 30 a 40 por ciento de donativos, especialmente internacionales, que les otorgaban la Unión Europea y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desaparecida por el presidente Donald Trump.

Jimena Cándano y Margarita Pérez, directora general de la agrupación y presidenta de su patronato, respectivamente, señalaron que además la organización, que atiende a 70 por ciento de adolescentes en conflicto con la ley en la Ciudad de México, ya no recibe recursos federales desde el sexenio pasado.

Indicaron a La Jornada que desde la pandemia de covid-19 sufrieron una merma en el financiamiento, lo que, aunado a la reducción de donativos, ha generado que prácticamente recorten a la mitad la cantidad de colaboradores y el cierre de uno de sus espacios de atención.

Recordaron que antes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejara de otorgarles apoyos, les destinaban recursos las secretarías de Educación y de Gobernación y el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Precisaron que cada peso que reciben de donaciones es auditado y la organización, con 40 años de existencia, puede demostrar la eficacia del apoyo sicológico, educativo y familiar que ofrecen, así como de la atención para el desarrollo de habilidades laborales, ya sea carpintería, panadería y serigrafía, entre otras.

De manera que, dijeron, 95 por ciento de las donaciones económicas que se reciben son destinadas a programas y el resto es para la operación de la organización.

Cándano y Pérez comentaron que el modelo de acompañamiento que ofrece la fundación ha dado como resultado que 96 por ciento de los jóvenes atendidos no reincidan en la comisión de algún delito.

Reintegra “es la única organización en México autorizada por el gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia para dar seguimiento integral al cumplimiento de medidas por los adolescentes en conflicto con la ley”, señaló Cándano. Acotaron que no atienden a jóvenes que hayan cometido delitos de alto impacto, como crimen organizado y secuestro, pues los acusados de ese tipo de ilícitos no alcanzan libertad y ellos trabajan con infractores que sí la obtienen.