Ante el proceso que inició el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dados los indicios de que en México esta práctica es generalizada o sistemática, el Estado debe tener “voluntad política” y acatar las 85 recomendaciones que le formuló dicha instancia en 2022 para impulsar una política nacional preventiva y de erradicación del fenómeno, señalaron expertos.

Después de que en abril el CED invocó el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, México ahora debe aportar la información necesaria sobre los indicios existentes en torno a la desaparición forzada en el país; la fecha límite es el 18 de septiembre, de acuerdo con la petición.

María Clara Galvis, ex miembro del Comité de la ONU contra las Desapariciones, consideró que esas serían algunas de las propuestas más adecuadas del Estado mexicano a la solicitud de información que el comité le hizo en junio pasado, las cuales tendrán que ser evaluadas, a fin de evitar que el asunto llegue a la Asamblea General de la ONU.

El gobierno, agregó, debe abrirse al diálogo, reconocer la “grave crisis” y proponer mecanismos alternos de “justicia restaurativa” para llegar a la verdad y resolver este problema, que ha dejado más de 133 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

En un conversatorio, Santiago Corcuera, ex presidente del CED, coincidió en que para “disuadir” de su intención al comité, la información que presente el Estado debe atender cuatro aspectos fundamentales, entre ellos manifestar su intención de poner en práctica políticas de prevención, investigar las desapariciones y la rendición de cuentas de los responsables, que no haya impunidad.

“Esa información tiene que ser poderosa, para que el comité diga que hay voluntad política para resolver el problema, y no negarlo”, subrayó.

El artículo 34 de la convención internacional señala que si el CED recibe información que, a su juicio, contiene “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá presentar el asunto “con carácter de urgente” a la Asamblea General.

Esto, agregó, no comenzó en abril pasado, sino hace 13 años, cuando el CED comenzó el acopio de información sobre la crisis de desapariciones en México, así como de las deficiencias en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia en las recientes cuatro administraciones federales.

Las primeras “acciones urgentes” sobre México datan de 2012. En su visita a territorio nacional en 2015, el comité de la ONU concluyó que persiste un contexto generalizado en el país, y tres años después el balance fue el mismo, pero advirtió que los casos seguían creciendo, mencionó Corcuera.

En noviembre de 2021, en una nueva asistencia, el CED reiteró que la práctica es “masiva y extendida”, lo que al año siguiente derivó en un informe con 85 recomendaciones, en las que también destaca su exhorto a que el “Estado parte erradique todas las causas estructurales de la impunidad”.

Los expertos señalaron que es importante que el gobierno entienda que al activar el artículo 34, el CED pretende colaborar con el Estado para proteger a las personas, y es el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria.