Las asociaciones público-privadas (APP) tienen un peso “estratégico” para el país, ya que a través de ellas el Estado aprovecha la capacidad técnica de los empresarios para crear obras de infraestructura que no podrían sustentarse sólo con recursos públicos, pero es necesario reformar su marco legal para hacerlo más equitativo y transparente.

Así lo destacó un documento del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en el cual se alertó que las APP han privilegiado la rentabilidad sobre el impacto social, por lo que es necesario que este esquema se redirija también a áreas como salud, educación, agua y medio ambiente, y no sólo a autopistas o proyectos energéticos.

Según el resumen, proporcionado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecordinador de la bancada guinda en San Lázaro, las APP se han consolidado “como un elemento clave para canalizar inversión privada hacia proyectos públicos estratégicos”, debido al contexto de restricciones fiscales y presupuestales del país.

En la actualidad, subrayó el documento, en México existen 513 proyectos bajo este esquema, los cuales significan una inversión superior a los 2 billones de pesos, que van desde carreteras hasta servicios médicos, y aunque la participación de la iniciativa privada en estas tareas “sigue siendo indispensable”, el modelo también ha recibido cuestionamientos.

Entre las “fallas estructurales” de las APP estaría la “distribución inequitativa de recursos”, pues si bien los riesgos deben asignarse al actor que pueda gestionarlos mejor, “en la práctica, el Estado ha absorbido las amenazas regulatorias, financieras y de demanda, mientras el sector privado asegura retornos, vía pagos garantizados, incluso sin cumplir niveles óptimos de servicio”.

Además de lo anterior, apuntó el análisis de la bancada de Morena, los contratos son poco transparentes; se privilegia la obtención de ganancias para los inversionistas, por sobre la naturaleza de los proyectos, y se han detectado “pérdida de control de activos públicos, costos adicionales injustificados y falta de capacidades técnicas en entidades encargadas de diseñar y vigilar proyectos”.

Por lo anterior, el documento recalcó que “es fundamental que México actualice su marco normativo –que data de hace más de una década– para que las APP se conviertan en un verdadero motor de desarrollo”, y cuenten con una “asignación equitativa de riesgos, vinculando pagos al desempeño real de los proyectos”.

Asimismo, es necesario que haya “transparencia obligatoria en contratos, costos y renegociaciones; fortalecimiento de capacidades institucionales, para que los estados negocien con actores privados; diversificación sectorial, al incentivar APP en salud, educación, agua y medio ambiente, y mecanismos de planeación y evolución social, que no sólo prioricen iniciativas por su retorno financiero”.