Organismos internacionales reconocieron que México ha logrado “valiosos” avances para enfrentar la crisis de desapariciones al robustecer los mecanismos de búsqueda y la legislación. Sin embargo, advirtieron que persisten obstáculos, entre ellos una “limitada capacidad” forense para la identificación de los más de 132 mil personas que están en esta condición, según cifras oficiales.

En conferencia de prensa en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora hoy–, Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que si bien México ha dado “pasos significativos” en el ámbito normativo, institucional y jurisprudencial, aún se requiere fortalecer las capacidades de búsqueda, justicia y atención a las víctimas.

Al señalar que el país enfrenta una “realidad dolorosa” con miles de personas desaparecidas, la representante del organismo internacional apuntó: “hay una limitada capacidad forense y una impunidad que prevalece en la gran mayoría de los casos; esos elementos constituyen una herida abierta en la sociedad que merece toda la atención y acción del Estado”.

Campbell enfatizó que es necesario consolidar una política judicial centrada en las víctimas a fin de eliminar los obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia. Además, para combatir la impunidad se requiere fortalecer la supervisión judicial en las investigaciones y los recursos financieros para que las fiscalías operen de forma adecuada.

De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el país hay 72 mil cuerpos sin identificar.

En este marco, la representante adjunta de la ONU-DH se refirió a los procesos de designación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y subrayó que deben conducirse con transparencia y participación efectiva de las familias.

“Es indispensable que quienes integran esos espacios cuenten con perfiles idóneos y adecuados, y gocen de la sensibilidad, la experiencia y el compromiso requerido para desempeñar sus funciones”, recalcó.

Asimismo, lamentó el asesinato de Aída Karina Juárez, madre buscadora que había sido desaparecida en Zacatecas en junio pasado y fue encontrada el jueves en San Luis Potosí.

Olivier Dubois, jefe de la delegación regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja, apuntó que la participación de las familias “se ha consolidado como un pilar central” en la búsqueda y en los procesos de identificación, por lo que urgió al Estado a garantizar su protección y brindar a las familias una respuesta integral.

Reconoció las mesas de trabajo realizadas entre los familiares de las víctimas y la Secretaría de Gobernación (Segob), que dieron origen a una nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. “Estos avances son valiosos, pero aún se requiere redoblar esfuerzos porque miles de familias siguen sin respuestas”, dijo.

Ante representantes diplomáticos y familiares de personas desaparecidas, Nancy Desiderio, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Segob, afirmó que México está comprometido con el cumplimiento de las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas, aunque reconoció que éstas “constituyen estándares internacionales que deben integrarse al marco jurídico y a las políticas nacionales”.

Por otra parte, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica presentaron dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, por la desaparición forzada de los periodistas María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, en Michoacán, en 2009 y 2006, respectivamente.