La Secretaría de Educación Pública (SEP) “falló” en su tarea de proteger y garantizar que la escuela fuera un espacio libre de violencia, reconoció Mario Delgado Carrillo, titular de la dependencia, tras ofrecer disculpas públicas por la “actividad irregular del Estado” en los abusos cometidos en 2018 en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, que dejó un saldo de 18 pequeños de tres a cinco años de edad agredidos sexualmente.

En ese acto, que se realizó en acatamiento de una sentencia judicial, aseguró que “nunca vamos proteger a nadie ni encubrir ningún delito o abuso”, y enfatizó: “Nunca más el silencio ni la indolencia de las autoridades”.

Ante padres de los menores; representantes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que encabezó la representación de las nueve familias afectadas, e integrantes de colectivos en pro de los derechos de los niños, el funcionario federal se comprometió a exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe las investigaciones, ante la posible participación de otros funcionarios públicos en los hechos delictivos.

Delgado Carrillo también se comprometió a promover un registro público de agresores sexuales, transparentar la plantilla laboral de las escuelas y tener controles más estrictos sobre quiénes y para qué ingresan a un plantel educativo.

Además, realizar un padrón junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM, que encabeza Luciano Concheiro, quien también ofreció disculpas públicas) para “detectar en todas las escuelas en el país dónde existen viviendas dentro de las instalaciones e iniciar su remoción, porque son un factor de riesgo”.

Instruyó al abogado de la SEP, Eurípides Flores, que en el reglamento de construcción de los planteles se marque la separación entre los sanitarios de alumnos y profesores, y llamó a instalar una mesa de seguimiento a las acciones de prevención de la violencia sexual en las escuelas.

A los padres de familia afectados, les solicitó su apoyo para elaborar materiales informativos dirigidos a otros cuidadores y tutores, a fin de detectar oportunamente las señales de alerta ante un posible caso de violencia y abuso sexual.

En la ceremonia de disculpa pública (a la que también acudió el juez de distrito Felipe de Jesús Delgadillo, que emitió la sentencia condenatoria del juicio oral 15/2021), Mariana Gil, directora de ODI, destacó que es responsabilidad ineludible del Estado asegurar que “ese primer espacio público al que asistimos, que es la escuela, sea un lugar de convivencia e interacciones constructivas y respetosas”, lo que no ocurrió, señaló, en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, cuyo caso, sostuvo, no es aislado. Y recordó que de las 57 denuncias presentadas, sólo 18 llegaron a juicio.

El titular de la SEP escuchó los testimonios de varios padres de familia, quienes señalaron que en la violencia sexual, abusos físicos y sicológicos que sufrieron sus hijos entre agosto y octubre de 2018 habrían participado maestros, supervisores, directivos, personal administrativo, conserjes y personas externas, que actuaron de forma organizada.

A ello se suma, indicaron, la omisión e incluso “obstaculización” de denuncias efectuada por las autoridades de la SEP, entre ellas la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la AEFCM, y por la propia FGR, que “no ha profundizado la investigación del caso”, pues sólo se han emitido dos sentencias a siete años de los hechos, pese a los testimonios de las víctimas, que señalan al menos 13 participantes.