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Apresan por peculado a ex secretario de Educación en Sonora
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 28

Hermosillo, Son., Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detuvieron en esta capital a José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura durante el sexenio de la entonces priísta Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021), acusado del delito de peculado.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el daño patrimonial ascendería a 2 mil 400 millones de pesos.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo ayer alrededor de las 2:04 horas en un domicilio del fraccionamiento Las Plazas, en la calle Privada de la Fuente número 25, durante el cumplimiento de una orden de cateo girada por la jueza oral de lo penal del distrito judicial uno.

Tras su arresto, Guerrero González fue trasladado al Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo, donde quedó a disposición de un juzgador.

La ASF documentó 90 irregularidades

El ex servidor público, quien encabezó la Secretaría de Educación y Cultura estatal de 2018 a 2021, enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos federales. La ASF documentó durante ese periodo 90 irregularidades graves en el manejo de fondos educativos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información adicional sobre la audiencia inicial, ni las medidas cautelares que podrían solicitarse en contra del ex secretario de Educación.

La aprehensión de Guerrero González fue resultado de señalamientos contra la administración estatal encabezada por Pav-lovich Arellano (hoy militante del partido Morena).

Varias dependencias han sido mencionadas por supuesto uso indebido de recursos públicos; entre ellas destacan observaciones por contratos irregulares en infraestructura escolar, probables desvíos en programas de apoyo social y anomalías en la asignación de fondos federales destinados a salud y educación.

En Sonora, el peculado se sanciona hasta con 12 años de prisión y multas proporcionales al monto desviado, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos.