l paso de un régimen de gobierno concentrador a otro de nueva factura moderna no deja de causar incomodidades y rechazos. El proceso de cambio va dejando una estela de heridas políticas que tal vez el tiempo cerrará. Todas y cada una de las modificaciones introducidas por la 4T corrieron con similar presión opositora. Desde el mero inicio, cuando se canceló la dispendiosa y mal concebida obra aeroportuaria, hasta esta última reforma judicial, la crítica no ha escatimado medio alguno o concepto que le sirva para su frontal combate. Poco ha importado que en cada uno de esos duros enfrentamientos haya sido derrotada, no sólo frente a su contrincante en la oficialidad, sino ante la opinión mayoritaria del electorado.
Varios años después de su cancelación, todavía hay opinócratas que no aceptan las válidas razones que motivaron tal medida, como las anegadas consecuencias de haberlo continuado. Poco añadir a las sentencias emitidas, terribles como definitivas, por la elección del aparato judicial: apropiación de jueces y magistrados.
La enumeración de las piezas del modelo (popular) que se introdujo, en sustitución del injusto acumulador anterior, es necesaria. En la ruta recordatoria bastará con los casos citados para dar la idea de la profundidad crítica ensayada. El cambio de régimen, en efecto, exigió un esfuerzo monumental para, a cada paso, ir ensamblando las piezas necesarias en medio de rijosas polémicas y trucos varios para contrariarlo. La activa participación de militares en todo el nuevo diseño, que finalmente requirió modificaciones constitucionales, no fue causal menor de contrariedades. El fantasma de la militarización se agitó activamente y todavía se invoca ante los últimos toques necesarios para asentar, debidamente, a la Guardia Nacional. Pero ahí está este formidable instrumento ya activo. Una pieza indispensable para la seguridad colectiva, al contrarrestar al crimen y la violencia desatada que se heredó del pasado de complicidades. Nada hay de una alegada coalición cívico-militar para sostener al nuevo régimen. Éste se apoyó desde el mero principio en el pueblo y continúa siendo sostenido por la masiva voluntad ciudadana. La segunda etapa transformadora situará mejorando resultados y eficaz perspectiva.
La oposición conservadora ha tratado de rebatir algunos cambios burocráticos al plantear una flagrante tendencia concentradora de poder. Sus torpes alegatos, concluyen diciendo, llevarán a una franca tiranía. Asimilar varios organismos técnico-independientes, que habían sido levantados en complicada proliferación de costosos órganos legales, ocasionarán, argumentan, tal propensión dictatorial. Parte de este polémico derrame conceptual extremo ha quedado flotando y sólo la consiguiente práctica mejorada del gobierno lo liquidará.
La pérdida de frenos y contrapesos ha sido recurrencia casi obligada en medios por columneros, articulistas y locutores, en airada defensa de una democracia preexistente, aseveración que queda muy lejos de ser aceptable. En verdad, son los mismos personajes que sostienen la preeminencia de un muy dilatado proceso de transición. Mismo fenómeno que, si se analiza, se difumina con rapidez o, al menos, falla para conducir a una vida participativa y organizada para el mejoramiento social. Esta república, afirman, ha quedado sin frenos; los que había fueron irresponsablemente eliminados en pos de amasar resortes para el completo control. Y en esta repetitiva ruta se ha continuado golpeando con furor, aunque su deseada penetración en la conciencia ciudadana haya sido muy menor.
En cuanto a la reforma electoral que se aproxima, hay una miríada de alegatos que ya se inauguran. Aun antes de conocer la mínima propuesta han iniciado la pelea que puede ser, por ahora al menos, la postrera. Se parte del existente juego de partidos que, se dice, han quedado difuminados por las malas artes de éste y, sobre todo, por el anterior gobierno. Lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa por la Presidenta es una venidera propuesta que saldrá de amplia consulta popular, aunque bien se sabe que hay algunos puntos de fuerte conflicto popular. Uno es el innecesario número de plurinominales y su manipulada forma de asignar curules y escaños. Otro, el costo de la llamada partidocracia. Ambos asuntos son, francamente, rechazados por la ciudadanía.
La precisa y corta historia del mal uso de los plurinominales queda expuesta en cualquier análisis. Han solidificado dirigencias sin colocar a minorías de todos y cada uno de los partidos actuales. Las enormes sumas de recursos presupuestales han convertido a los partidos en redituables negocios para sus enquistados liderazgos. Tal vez sean estos los detalles de una reforma cabal en preparación. Por lo pronto, la disputa pública ha comenzado y no parará hasta nuevo aviso temporal.
