Oaxaca, Oax., Diez días después de recibir una solicitud de amparo, el primer tribunal colegiado en materia penal y de trabajo del décimo tercer circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec ordenó revocar la sentencia y absolver a Jhoan Ricardo Matus, a quien condenó en 2023 a 60 años de prisión por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu.

La activista fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, cuando, según testigos, fue subida por la fuerza a una camioneta color rojo en el parque central de Asunción Nochixtlán, después de una protesta contra la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta (2019-2021).

La familia de la víctima consideró que la revocación de sentencia fue “una nueva puñalada a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño por la desaparición forzada de nuestra hermana”.

Según asesores jurídicos de la familia Uruchurtu, tras ser declarado culpable Matus –quien fue relacionado sentimentalmente con la ex edil morenista– impugnó la resolución, que fue rectificada e incluso le incrementaron 10 años de pena, pues primero recibió una sentencia de 50 años de prisión que aumentó a 60.

Entonces, Matus presentó un amparo ante el primer tribunal colegiado, cuyas magistradas Sofía Altamirano y Érika María Rodríguez, así como el juez Armando Lustre, ordenaron a la segunda sala penal colegiada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dictar una sentencia absolutoria.

Argumentaron “la insuficiencia probatoria por una deficiente investigación para acreditar la plena responsabilidad en su comisión del delito de desaparición forzada de personas”. Las hermanas de Claudia Uruchurtu lamentaron esta determinación, que a su ver se relaciona con la relación de amistad entre Huerta y el gobernador morenista Salomón Jara.

Lizbeth Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021 y liberada en diciembre de 2024 por la magistrada de la quinta sala penal, Margarita Leonor Gopar, luego de que en diciembre de 2023, la jueza María Teresa Quevedo reclasificó el delito de desaparición forzada que se le imputaba a obstrucción de la justicia, y la condenó a cuatro años dos meses por este último delito, desechando por completo el original.

Después de la liberación anticipada de la ex alcaldesa, los parientes de Uruchurtu presentaron un amparo en enero pasado, pero hasta hoy los magistrados que llevan el caso ni siquiera han elaborado un proyecto al respecto.