a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó ayer su satisfacción por la estabilidad de la economía mexicana, lograda pese a factores adversos como las políticas de su homólogo estadunidense Donald Trump. La mandataria reconoció que la guerra arancelaria o la persecución contra los migrantes tienen efectos como extremar la cautela de los inversionistas, pero resaltó que no se han cumplido los augurios de quienes apostaban a un desplome de la actividad económica nacional, el descarrilamiento del desarrollo, el desquiciamiento de las finanzas públicas y un endeudamiento fuera de control.
Múltiples indicadores respaldan las apreciaciones de la Presidenta. La inflación general sumó tres quincenas dentro del rango objetivo del Banco de México (3 por ciento más/menos un punto), con el índice no subyacente (bienes y servicios cuyos precios son más volátiles) marcando su registro más bajo para el mismo periodo desde 2021; se captó un máximo histórico de 34 mil 265 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), en los cuales destaca un gran flujo de capitales desde Estados Unidos; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento de 7.2 por ciento en la recaudación hasta julio, con lo que ya se superó la meta para este punto del año; el Inegi confirmó un crecimiento del producto interno bruto de 1.2 por ciento anual durante el segundo trimestre, una cifra modesta que, no obstante, deshace las predicciones de recesión o estancamiento. El retroceso en el sector industrial apunta a que el principal obstáculo actual para un alza mayor del PIB radica en los aranceles impuestos por Washington con la agresividad y la arbitrariedad que caracterizan a la administración republicana.
Más allá de los datos macroeconómicos, debe celebrarse que entre 2018 y 2024 13 millones 400 mil mexicanos salieron de la pobreza, gracias tanto a las transferencias directas vía programas sociales como al sostenido aumento del salario mínimo, que ya creció más de 100 por ciento en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Esta cifra, que supone la mayor reducción de la pobreza en cinco sexenios, no es un número más: significa una mejora en las condiciones de vida de millones de personas, la realización de derechos humanos que el neoliberalismo convirtió en papel mojado, el cumplimiento –incompleto, pero importantísimo– de una justicia social que no es una gracia del Estado, sino una conquista popular.
Cabe detenerse en el cruce de dos indicadores: mientras el salario mínimo creció 12.5 por ciento este año, la inflación general se ha mantenido por debajo del 5 por ciento, y en la primera quincena de agosto fue de sólo 3.49 por ciento, por lo que se desmiente una vez más el mito según el cual los minisalarios debían mantenerse en niveles de hambre porque aumentarlos tendría una repercusión directa en los precios. En este sentido, vale admitir que en las economías de mercado las empresas suben los precios incluso sin que exista un aumento en sus costos cuando perciben que los consumidores pueden pagar más por sus productos y servicios. Esta inflación motivada por la codicia es un fenómeno indeseable, pero inevitable en un sistema económico regido por la lógica de maximización de las ganancias, pero en México el poder adquisitivo de los trabajadores estaba tan deteriorado por décadas de contención deliberada de los salarios que la dignificación de los mismos no ha tenido efectos inflacionarios apreciables.
No es posible echar las campanas al vuelo, pues el crecimiento económico registrado es muy modesto, la pobreza y la desigualdad persisten como grandes retos que las autoridades deben encarar y los avances reseñados se hallan bajo la permanente amenaza de los caprichos trumpianos. Sin embargo, es preciso reconocer que la solidez mostrada por la economía mexicana en medio de las turbulencias globales denota la existencia de una estrategia acertada, reconocida incluso por organismos con escasas simpatías hacia los proyectos progresistas.
