El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó de manera unánime sancionar a Morena, a Pío Lorenzo López Obrador y a David Eduardo León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil, tras las denuncias presentadas por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estas denuncias dieron pie a una investigación “con rigor” que se prolongó por más de cinco años.

Como parte de la indagatoria, se revisó la trazabilidad financiera en montos bancarios. La Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que no existían registros que acreditaran las presuntas irregularidades denunciadas, derivadas de la publicación de dos videos en 2020, en los que se argumentaba que el ex funcionario federal presuntamente entregó dinero a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se verificó la trazabilidad

Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, detalló que “se verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables y fiscales; se analizó documentación, soportes y registros; incluso se realizaron peritajes técnicos al material audiovisual. Sin embargo, de ninguno de estos elementos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada. No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”.

La Unidad Técnica de Fiscalización también llevó a cabo múltiples diligencias y solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a Morena y a los propios señalados en los videos, con el objetivo de rastrear posibles vínculos financieros. “Durante la sustanciación se recibieron diversas respuestas que, en general, no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares”, explicó.

No obstante, la consejera Humphrey hizo un llamado a fortalecer la legislación en materia de fiscalización, señalando que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó la información solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización, “lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación”.

Durante la discusión del tema, los representantes del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistieron en que existió un esquema de aportaciones indebidas, de origen dudoso y con destino político-electoral, siendo los propios videos la única prueba presentada. Por su parte, la representación de Morena respondió que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales determinó el no ejercicio de la acción penal al no encontrar pruebas que acreditaran la comisión de algún delito electoral.