Un tribunal colegiado concedió la protección de la justicia federal al ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de la Ciudad de México en octubre del año pasado por delitos del orden común cometidos por o contra servidores públicos locales.

El ex servidor público fue sentenciado en 2023, en un procedimiento abreviado por otro delito, el de enriquecimiento ilícito, a una condena de cuatro años de prisión domiciliaria.

Los efectos de la medida cautelar son para que el juez de control del sistema procesal penal acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 8 del Tribunal Superior de Justicia capitalino deje insubsistente el auto de vinculación a proceso del 18 de octubre de 2024.

Además, reponga el procedimiento y deje sin efectos la audiencia inicial celebrada ese día antes de resolver la situación jurídica del quejoso. El juez de control capitalino tendrá que convocar a las partes procesales a una nueva audiencia, en la cual una vez individualizada, sin abrir debate, atendiendo al hecho imputado, a los datos de prueba expuestos por las partes, y sobre todo a lo plasmado en la presente resolución, determine el auto de no vinculación a proceso en favor de Luis Vizcaíno Carmona, por el hecho de que la ley señala como delito de responsabilidad de directores responsables de obra (hipótesis de propietario). Y, como rector del proceso, proceda a emitir las determinaciones y providencias consecuentes.

El MP había apelado

Por unanimidad, los magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia penal Horacio Armando Hernández Orozco, en su calidad de presidente y ponente, así como los secretarios en funciones de magistrados María Anel Saavedra López y Eduardo Guzmán González, confirmaron la sentencia de un juez de distrito, quien el año pasado concedió el amparo al imputado señalado de pertenecer al cártel inmobiliario. Por ello, el Ministerio Público apeló mediante un recurso de revisión el fallo de primera instancia.

Sin embargo, los magistrados desecharon el recurso. En su sentencia, argumentaron que el Ministerio Público no cuenta con legitimación para impugnar la sentencia dictada, pues no se actualiza una afectación al interés público que, como representante social, tiene encomendado por mandato constitucional.

En el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito, el ex funcionario, quien fue detenido a finales de julio de 2022 por elementos de la policía de investigación en la colonia Del Valle, presuntamente forma parte del llamado cártel inmobiliario en Benito Juárez, ya que la Fiscalía General de Justicia lo acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias entre 2015 y 2016, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con lo que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía a sus propios intereses.