Sin discusión y en bloque, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados votó ayer un paquete de opiniones a favor de distintas iniciativas, entre ellas una para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta de pueblos indígenas y otra que respalda la viabilidad de una ley general de infraestructura, que busca un nuevo modelo de participación de la iniciativa privada en obras públicas.

Por segunda ocasión, la mayoría de Morena y sus aliados en esa comisión desechó una propuesta del PRI para que en la Ley de Presupuesto no puedan autorizarse recortes a los fondos destinados a seguridad pública.

Además, en la reunión de ayer, el diputado priísta Jericó Abramo planteó que la comisión solicite una reunión con la Secretaría de Hacienda, para que explique el recorte por 280 mil millones de pesos previstos al gasto público de 2026, así como los 307 programas que desaparecerán, según lo previsto en la estructura programática.

En cuanto a la iniciativa de ley general de infraestructura para el bienestar, que presentó en julio el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, la comisión consideró que, al preverse la creación de una unidad técnica para una comisión de infraestructura, se estima un impacto potencial de 57.2 millones de pesos.

Impacto presupuestario

Más allá no habría impacto presupuestario, pues aun cuando se prevé un fondo para garantizar el financiamiento de obras y acciones prioritarias, éste se integraría con excedentes de proyectos, donativos y sanciones.

Ramírez Cuéllar señaló: “Tenemos que reconocer que la magnitud de las carencias y de los retos en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos demanda mucho más de lo que el erario puede aportar. Por eso es indispensable que impulsemos esquemas de coinversión público-privada, que permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional”.

La comisión consideró que dos iniciativas de ley general de consulta a los pueblos indígenas tampoco tienen impacto presupuestal, porque ya está previsto que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas asuma los costos de cada ejercicio.

Los dictámenes se enviaron a las comisiones donde las iniciativas están pendiente de votación.