El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo obtuvo una suspensión provisional contra nuevas órdenes de aprehensión que se hayan librado en su contra. Los actos que reclamó en su demanda son diferentes a los que ya cuenta por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un estimado 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en esa entidad.

Aureoles Conejo, prófugo de la justicia, tendrá que comparecer el 20 de este mes ante la jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente, quien lo citó para la audiencia inicial, en la que la fiscalía lo imputará por dichos delitos.

El ex gobernador promovió el recurso el 14 de agosto contra actos del juez de distrito en funciones de juez de control en el sistema penal acusatorio adscrito al centro de justicia penal federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte y otros. Reclama actos privativos de la libertad, la orden de captura o arresto, así como comparecencia judicial y su respectiva ejecución.

Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado noveno de distrito en materia penal en la Ciudad de México (contra quien la Fiscalía General de la República interpuso una denuncia por obstrucción de la justicia), le concedió la medida cautelar.

Para que ese beneficio no se suspenda, debe depositar una garantía de 100 mil pesos que deberá pagar en un plazo de cinco días. “Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. En términos de los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, tramítese por separado y en un solo cuaderno el incidente de suspensión”, señala el resolutivo de la togada, quien solo dio a conocer el sentido de su fallo, pero no publicó el expediento con los motivos.

Programó la audiencia incidental para el 22 de agosto. En junio pasado, la misma juez Vargas Alarcón le revocó a Silvano Aureoles la suspensión definitiva porque no compareció de manera personal ante dicha juzgadora, como le pidió para que surtiera efectos la medida cautelar.

No obstante, en su momento el ex servidor público apeló. El caso se encuentra en el Quinto Tribunal Colegiado, que determinará si confirma, modifica o revoca la decisión de primera instancia.