El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó de forma unánime, con 53 votos, la reforma a la Ley de Cultura Cívica que establece infracciones especiales relacionadas con el uso indebido del espacio y la vía pública a fin de sancionar abusos de los franeleros, así como prevenir posibles actos delictivos.

Los cambios a dicha legislación, que entrarán en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, imponen una sanción de 25 a 36 horas de arresto inconmutable por apartar con cualquier objeto lugares de estacionamiento en la vía y el espacio público, obstaculizar o impedir de cualquier manera su uso para estacionar, aprovecharse indebidamente de esas áreas para obtener un beneficio y exigir de cualquier manera a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar o asear vehículos.

En su régimen transitorio, establece que el gobierno local, por medio de las secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y de Desarrollo Económico, deberán poner a disposición de las personas infractoras programas de empleo y apoyo a proyectos productivos.

“Extorsiones disfrazadas”

Al presentar el dictamen al pleno, a partir de una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el diputado de Morena Pedro Haces dijo que en esta ciudad “el espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no vende, no se renta”; agregó que en muchas ocasiones estas actividades son “una extorsión disfrazada de un servicio”.

Al razonar su voto en tribuna, la coordinadora de ese partido, Xóchitl Bravo Espinosa, refirió que esta reforma es parte de toda una estrategia de la jefa de Gobierno que incluye la creación de una política pública para las personas que se dedican a esta actividad, de la que dependen muchas familias, puedan realizar otras tareas.

La ley prevé que corresponde a la policía capitalina presentar a los probables infractores al juzgado cívico, al que podrá detener en dos casos: cuando presencie la comisión de la infracción y cuando sea informado de la comisión después de que se hubiese realizado.

Además, el Legislativo aprobó la llamada ley Crucito, que incorpora al Código Penal agravantes al delito de homicidio cuando es cometido por quien tiene relación de padrastro o madrastra de la víctima, en el que se establece una pena de hasta 30 años de cárcel.

Esa ley se elaboró a partir del caso del menor Cruz, de 6 años, quien fue asesinado a golpes por Óscar N, pareja de su madre, en la colonia Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

También avaló el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el que se determinó que el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia Manuel Horacio Cavazos López no es elegible para ser ratificado en el cargo. En dos ocasiones anteriores ya se había rechazado su nombramiento por señalamientos de abuso sexual en contra de sus hijas, los cuales logró dejar insubsistentes mediante amparos.