El gobierno del presidente Donald Trump ha instrumentado una política “deshumanizante” que ha dejado varados a 300 mil migrantes en México en los pasados seis meses, de acuerdo con un informe de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).

La expulsión y el retorno de indocumentados, las detenciones arbitrarias e ilegales, las restricciones de movilidad y las redadas son medidas de disuasión que se han intensificado para reforzar el control sobre los flujos migratorios, alertó.

Las tácticas llevadas a cabo por el gobierno estadunidense incluyen el desmantelamiento de campamentos, y se han hecho más complejos y burocráticos los trámites de solicitud de asilo.

Al presentar ayer el estudio Rechazados: El devastador impacto humano de los cambios de la política migratoria en Estados Unidos, México y América Central, Henry Rodríguez, coordinador de MSF en nuestro país, destacó que estas medidas han sido replicadas por gobiernos de la región, lo que ha ocasionado impactos severos y la “criminalización de los migrantes, quienes quedan en el limbo legal sin poder solicitar asilo ni retornar a sus países”.

Sin alternativas

Tras el cierre de la aplicación CBP One para solicitar protec-ción en Estados Unidos, el pasado 20 de enero, 30 mil personas que tenían cita y otras 270 mil adicionales que intentaban registrarse, quedaron sin alternativas, indicó Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica.

Estos cambios se han producido en medio de una “drástica” reducción en la financiación de la ayuda humanitaria. Además, si bien se registró una caída en la migración de la región, aumentaron los casos “graves” de salud mental, principalmente por ansiedad, depre-sión y trauma.

Al comentar algunos de los principales hallazgos del estudio –basado en una serie de entrevistas a decenas de pacientes de diferentes nacionalidades varados o en tránsito, en los recientes seis meses– Rodríguez detalló que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, la organización atendió a casi 3 mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y brindó 17 mil consultas individuales de salud mental a personas indocumentadas, la mayoría por “eventos violentos” como tortura, secuestro, extorsión, robo, trabajo forzoso y explotación.

Asimismo, se otorgaron más de 90 mil consultas de medicina general y 11 mil 850 de salud sexual y reproductiva.

Dispersar, otra táctica

En el caso de México, la política se reforzó con operativos para dispersar a migrantes, particularmente en ciudades como Tapachula, donde las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se saturaron de solicitudes de asilo después del 20 de enero, situación que se agravó con la falta de recursos económicos y humanos.

En Tapachula, Chiapas, un pro-ceso que normalmente tomaría tres meses ahora dilata mucho más tiempo. Sólo hay 19 personas en el equipo, que apenas pueden conducir de cuatro a cinco entrevistas por día, explicó Lucía Samayoa, coordinadora de proyecto de MSF en la entidad.

De igual manera, los campamentos urbanos fueron desmantelados, empujando a las personas a rentar cuartos en zonas periféricas, a menudo controladas por grupos criminales.

La organización instó a los gobiernos a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono y, en su lugar, que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano.