La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información a Petróleos Mexicanos (Pemex) –y adelantó que también la solicitará a autoridades estadunidenses– para comprobar si hubo contratos entre la empresa del Estado con los dos empresarios mexicanos a quienes el Departamento de Justicia del país vecino acusa de sobornar a funcionarios de la petrolera.

De confirmarse que obtuvieron de esa forma contratos millonarios, se indagará quiénes los firmaron por parte de Pemex y se solicitaría una investigación a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, adelantó.

Consultada sobre las acusaciones del Departamento de Justicia estadunidense sobre irregularidades presuntamente cometidas entre 2019 y 2021, la mandataria destacó que uno de los señalados (Mario Alberto Ávila Lizárraga) fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Campeche en 2009.

“Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar del empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex; fue acusado, en su momento, por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y es buscada por el gobierno de Estados Unidos”, indicó en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum Pardo aclaró que hasta ayer por la mañana no contaba con información sobre estos casos, pero insistió en que primero se debe revisar si realmente existieron esos contratos.

Por otra parte, señaló que luego de la venta de las plantas de la empresa Iberdrola en México a la española Cox, la primera es la que deberá pagar los impuestos correspondientes a la transacción.

“Platiqué vía telefónica con (representantes de) Iberdrola y con la empresa que está adquiriendo los activos. Iberdrola debe pagar los impuestos y está consciente de ello”, añadió la jefa del Ejecutivo Federal, quien destacó que la empresa española “está dispuesta a dejar ya todas las sociedades de autoabasto y ceñirse a la nueva norma y a la regulación del sector eléctrico”, que ya se definió en la Constitución.