Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa presidencial para que el Congreso pueda aprobar una ley general contra la extorsión que homologue el tipo penal en todo el país, incluya sanciones y, sobre todo, atienda a las víctimas.

El proyecto pasó con 37 votos a favor después de que los legisladores expresaron que sea uno de los primeros asuntos a abordar en el periodo de sesiones ordinarias que inicia en septiembre, ante la urgencia de frenar el incremento de este delito en el país.

Se trata, explicó Maricela Silva, del PVEM, del único delito de alto impacto que representa un problema creciente en México, pues el número de casos aumentó 21.1 por ciento de enero de 2019 a enero de 2025.

También, Laura Hernández, de MC, resaltó que las víctimas de este fenómeno sufren no sólo el impacto económico, sino el sicológico, y citó que, según cifras oficiales, durante el primer semestre de 2025 el número de víctimas de extorsión es el más alto en los registros públicos.

A su vez, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, planteó abrir un espacio para trabajar desde ahora en la redacción de una iniciativa de ley general contra la extorsión, así como abrir un espacio de opinión donde participen gobiernos estatales, fiscalías locales, expertos y barras de abogados.

“Analicemos este fenómeno en todas sus vertientes, desde el ‘cobro de piso’ hasta la extorsión remota que se da incluso sin amenaza real, pero que aplica el miedo. Valoremos bien hasta dónde vamos a llegar a la parte punitiva”, propuso.

El presidente de la comisión, Leonel Godoy Rangel, convino en comenzar una discusión de una ley general que aborde no sólo un tipo penal especial contra la extorsión, sino también cambios al Código Federal de Procedimientos Penales para revisar el tipo de carga y determinar si el delito se investiga de oficio.

La morenista Clara Cárdenas Galván resaltó que la expansión de este ilícito está relacionada con la variedad de métodos para cometerlo, pues además las herramientas tecnológicas permiten que el agresor extorsione a las personas desde cualquier lugar.

Cristina Márquez, del PAN, señaló que la ley debe tener especial enfoque en las víctimas y afirmó que se busca que no se repita una imagen como la de la maestra jubilada (Irma Hernández Cruz) secuestrada en Veracruz en julio pasado.