Tras el motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan, Veracruz, que dejó al menos siete reos fallecidos y 11 heridos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que en el sistema penitenciario de ese estado, en materia de seguridad y gobierno, se han realizado limitados esfuerzos para contrarrestar las deficiencias que tiene, entre ellas, la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Asimismo, de supervisión del funcionamiento del centro por la persona titular, y en otros Ceresos, sobrepoblación y hacinamiento.

Exhorto a las autoridades

Por ello, exhortó a las autoridades penitenciarias a salvaguardar al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad ante los incidentes ocurridos.

Igualmente, garantizar el acceso oportuno a la atención médica, alimentación e higiene para toda la población y, de manera especial, la de las niñas y niños y de quienes pertenezcan a algún grupo de atención prioritaria.

Instó a que se detecten los factores y circunstancias que propiciaron el motín y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad reforzadas que correspondan y que eviten la repetición de estos hechos en ese centro y/o cualquier otro de ese estado.

En un comunicado, la CNDH expuso que se mantiene atenta y da seguimiento a los acontecimientos del 2 de agosto en el Cereso de Tuxpan, en el que se suscitó un motín que derivó en disturbios e incendios dentro del penal, provocados por los internos, ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por grupos de reos hacia ellas y sus familias.

Manifestó que es preocupante que a partir de los resultados en el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2023, el Cereso de Tuxpan obtuvo una calificación de 7.01, y si bien se han observado mejoras sustantivas en algunos aspectos, persisten la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos; de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, así como inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.