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Término país seguro, a escrutinio

Tribunal de UE condiciona a Italia aceleración de deportaciones
 
Periódico La Jornada
Domingo 3 de agosto de 2025, p. 23

Roma. Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminaron este fin de semana que Italia puede acelerar las deportaciones de migrantes a países designados seguros, pero sólo bajo ciertas condiciones.

El caso se centró en dos ciudadanos de Bangladesh que fueron rescatados del mar el año pasado por la armada italiana y llevados a un centro de detención en Albania. Como Bangladesh está en una lista de países que Roma considera seguros, su solicitud de asilo se evaluó rápidamente antes de ser rechazada.

El tribunal, con sede en Luxemburgo, indicó que si bien tener un procedimiento acelerado no viola la ley comunitaria, la designación de países seguros debe estar sujeta a escrutinio judicial para que los migrantes puedan impugnar fallos sobre asilo.

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni introdujo el proceso acelerado y la detención de migrantes en centros ubicados en Albania como parte de una estrategia más amplia para reducir la llegada irregular de extranjeros.

Políticos de la oposición sostienen que el plan es costoso, complicado y perjudicial para los derechos de los migrantes; en tanto, una delegación no gubernamental que observa el proceso en Albania afirmó que priva los ilegalmente de ayuda con las solicitudes de asilo.

En un comunicado, la oficina de Meloni se mostró sorprendida por la resolución e insistió en que la política de Italia en este renglón es competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo internos y no debería estar sujeta a revisión judicial; además, agregó que la decisión debilita las políticas para contrarrestar la inmigración ilegal masiva y defender las fronteras nacionales.

La rama italiana de Médicos Sin Fronteras subrayó que el dictamen creó un principio claro de que los estados miembros de la UE no pueden declarar un país seguro sin revisión judicial.

Los jueces del tribunal de distrito de Roma, que remitieron el caso a Luxemburgo, tendrán la última palabra para determinar si el procedimiento se aplicó correctamente en los dos ciudadanos de Bangladesh.