Madrid. Juan José Alou es un ciudadano español que vive en Palma de Mallorca, uno de los centros turísticos más importantes del país. A sus 59 años y con un trabajo estable, pero precario, tiene que vivir en una auto caravana (casa rodante) porque no tiene otra alternativa.

“Acceder a la vivienda es algo imposible, aun cobrando bien”, explica, en lo que resume una de las raíces del que se ha convertido en uno de los problemas principales de la sociedad española: el acceso a la vivienda.

Y, ante la presión por el malestar social, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, entró en guerra abierta contra los alojamientos turísticos, sobre todo contra las “plataformas multinacionales” que las gestionan, es decir Airbnb o Booking, que en los últimos días han tenido que anular de sus portales más de 65 mil anuncios por requerimiento judicial y están a la espera de que la justicia confirme la presunta ilegalidad de otros 55 mil.

España recibe al año más de 100 millones de turistas, pero además en la suma global, es decir entre los extranjeros y los autóctonos, el flujo de turistas al año al interior del país roza los 300 millones. De ahí que la irrupción de los llamados “pisos de alojamiento turístico”, que surgió a partir del año 2010, tuviera una gran expansión en los principales centros de llegada de turistas, como Madrid, Barcelona, las Islas Baleares o el archipiélago canario.

Este nuevo fenómeno trajo consigo problemáticas inéditas, como la gentrificación de los barrios, la expulsión del centro histórico de las urbes de las familias o residentes tradicionales, el encarecimiento de los insumos y, por supuesto, la escasez de vivienda de alquiler de larga temporada.

El negocio ha sido tan suculento que muchos han preferido explotar su vivienda así, ya que la diferencia económica llega a ser hasta cuatro veces más que la renta habitual.

Los problemas estructurales en la vivienda en España han provocado que actualmente una de cada cuatro personas, es decir 25 por ciento de la población, considera que la vivienda es el principal problema del país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Y ese porcentaje va en en aumento en los últimos años, de la mano del alza continua de los precios del alquiler y de la venta y dificultades para hallar una vivienda asequible.

De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, menos de 20 por ciento del parque inmobiliario de España está en alquiler y apenas 2.7 por ciento es social.

Esta última cifra contrasta con la media de la Unión Europea y con la de algunos países con políticas sólidas de vivienda protegida, como los Países Bajos, Austria o Dinamarca, donde el alquiler social supera 20 por ciento del parque de vivienda.

Varias causas del problema

España no ha construido casi nada de vivienda social en los últimos 15 años, de los cuales al menos siete ha gobernado la coalición de izquierdas que actualmente dirige el país.

Y así lo explica el ciudadano mallorquín que vive en su auto caravana: “Todo esto es debido a las malas gestiones que hemos tenido en los últimos años de abrir las puertas a los pisos turísticos, con lo que ahora todo el mundo quiere cobrar mil euros en una semana en lugar de mil euros por un mes. Y eso ha llevado a que gente que trabaja, como yo, tenemos que vivir en una caravana sí o sí. No tenemos otra opción”.

Francesc González Reverté y Pablo Díaz Luque son catedráticos de la Universidad Abierta de Cataluña y elaboraron un análisis enfocado precisamente en el problema estructural de la vivienda y el auge de los pisos turísticos.

“Cuando el acceso a la vivienda se ve restringido a la oferta del sector privado, cualquier actor extra que compita por la vivienda en el mercado, como las plataformas de alquiler turístico, lo tensiona más y deriva en situaciones de desigualdad social.

Y esto es el resultado de dejar el acceso a la vivienda, casi exclusivamente, en manos del sector privado, de la ausencia de políticas sólidas de vivienda social y de la falta de suelo para uso residencial en áreas urbanas con demanda creciente”.

En el informe explican que “en ciudades turísticas con un mercado de la vivienda tensionado, el alquiler temporal turístico ejerce una presión extra que termina por generar el aumento de los precios de alquiler, el incremento general del precio de la vivienda y, en los casos más graves, el desplazamiento residencial de personas que son apartadas del mercado de compraventa y de alquiler”.

Advierten que es importante “reflexionar sobre una tercera vía ante el problema de la vivienda temporal que exige la negociación entre actores para así aprovechar los recursos –las viviendas– de elevado valor social potencial. Para poder pasar de una situación hipotética ideal –el potencial que ofrecen las personas propietarias– a una real –transformar las viviendas a alquiler social–, hacen falta políticas de intervención sólidas”.

La mayoría de turistas está en los hoteles, alegan

El consejero delegado de Airbnb en España, el madrileño Jaime Rodríguez de Santiago, explicó a La Jornada que “la inmensa mayoría de los turistas en Europa llegan a hoteles, que suponen hasta siete veces más de turistas que los alojamientos turísticos, que sólo es una pieza más del fenómeno.

“Las causas de las vivienda en España son profundas, así que la eliminación del alquiler de corta duración ni reduce el turismo ni va a solucionar el problema del incremento de la vivienda.

Airbnb es una marca visible, poderosa, es el símbolo de una transformación del sector turístico. Y nunca es del agrado de los incumbentes, con lo que hay una reacción contra los nuevos competidores. En un debate que debería ser más racional, hemos acabado en uno emocional de extremos, del todo o nada. Hay espacio para hacer regulaciones inteligentes. Tomar una decisión entre todos”.

En cualquier caso, los datos de infracciones de este tipo de plataformas también son públicos, además de los miles de anuncios de propiedad que no cumplen con los requisitos legales.

La Agencia de Actividades impuso 92 sanciones a pisos turísticos sin la preceptiva licencia en el año 2024, de las cuales 89 fueron por valor de 30 mil euros (630 mil pesos) cada una y las tres restantes por valor de 60 mil euros (un millón 260 mil pesos), por reincidencia.

Además, a lo largo del pasado año, se restableció la legalidad en 251 viviendas turísticas ilegales, lo que supone un incremento respecto a 2023, cuando esta cifra fue de 138.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en la urgencia de terminar “con los pisos turísticos ilegales que expulsan a las familias de sus barrios” y “terminar con el fraude en los alquileres de temporada que algunos arrendatarios usan para especular con el precio de la vivienda”.

La guerra es abierta y se prevé que se recrudezca aún más ante el aumento del problema de fondo y estructural de la vivienda.