Con quejas por la impunidad que persiste en torno al delito de desaparición forzada, concluyó ayer en el Senado la comparecencia de los candidatos a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De 138 aspirantes, 44 reunieron los requisitos, pero cuatro declinaron y no se presentaron a las entrevistas, por lo que los integrantes de las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, que presiden Lilia Margarita Valdez y Reyna Celeste Ascencio, deberán valorar a los candidatos y definir quiénes de esos 40 perfiles son idóneos.

Ambas comisiones, precisó la senadora Valdez, sesionarán el 15 de agosto para aprobar el dictamen de idoneidad, el cual turnarán a la Junta de Coordinación Política, la que deberá consensar con las fuerzas representadas a los 13 integrantes del Consejo Ciudadano, el cual tendrá que estar conformado por cinco familiares de víctimas de desaparición forzada, cuatro expertos y cuatro miembros de organismos de derechos humanos.

Sobre el tema, la senadora morenista Edith López Hernández resaltó que con la experiencia de los participantes y con voluntad política se pueden hacer grandes cosas para encontrar muchas vidas. Agregó que los senadores serán aliados en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Ayer fue el tercer y último día de comparecencias de representantes de organizaciones civiles y especialistas, quienes coincidieron en que se deben garantizar la justicia y la no repetición de este delito que pocas veces se sanciona, por lo que propusieron cambios.

La activista Teresa Anaís Palacios Pérez consideró necesario que se reforme la Ley de Desaparición Forzada a fin de elaborar registros funcionales frente a las deficiencias en las comunicaciones locales y con las autoridades del fuero común. Asimismo, dijo que se requiere asignar mayor presupuesto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En tanto, Alejandra Maritza Cartagena López, especialista en la materia que trabaja en el estado de Jalisco, dijo que es fundamental el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda con recursos humanos, económicos, materiales, científicos y técnicos, además de ir de la mano de otras acciones, como la profesionalización del personal y la sensibilización.

Expuso que Jalisco tiene más de 15 mil personas desaparecidas por falta de una política pública de prevención de este delito y resaltó la falta de coordinación efectiva entre las fiscalías estatales y otras instituciones de búsqueda.

María de la Luz Barbosa Mendoza, representante de una organización civil, planteó crear redes en los estados para poder agilizar las búsquedas, ya que ella como madre de un hijo desaparecido sabe que es indispensable orientar a quienes buscan a sus seres queridos, pues cuando ocurre esa situación, ningún familiar sabe qué hacer.