Venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador denunciaron haber sido víctimas de tortura y abusos sexuales durante los cuatro meses de detención en la megacárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele, quien liberó –con la aprobación del Congreso– el camino para su relección sin límites y consolida un sistema autocrático, según sus críticos.

Orgulloso de llamar amigo al presidente estadunidense, Donald Trump, el publicista de 44 años, que gobierna El Salvador desde 2019 y fue relegido en 2024 con 85 por ciento de los votos goza –gracias a su guerra contra las pandillas– de gran popularidad y un poder casi absoluto, y, asegura, no le preocupa que lo tachen de dictador.

En virtud de un acuerdo de cooperación con Washington, que incluyó un pago de seis millones de dólares, Bukele mantuvo a 252 venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) donde, de acuerdo con testimonios que recogió The Washington Post, recibieron un trato que podría significar una violación a las convenciones de Naciones Unidas contra la tortura, de las cuales son signatarios tanto El Salvador como Estados Unidos.

El medio entrevistó a 16 venezolanos que estuvieron en el Cecot durante 125 días y denunciaron palizas, aislamiento extremo, condiciones insalubres y falta de atención médica; reportaron haber sido golpeados hasta quedar inconscientes, vomitar sangre o regresar llorando a sus celdas después de haber sido agredidos sexualmente.

Relataron que dormían en literas metálicas sin colchones y compartían el espacio con hasta 20 hombres por celda. En las paredes había manchas de sangre seca, sudor y arañazos.

El Post indicó que los abusos se intensificaron tras un intento colectivo de rebelión dentro del penal. La represión fue inmediata: los guardias respondieron con balas de goma y golpizas masivas.

Isabel Carlota Roby, abogada de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, indicó que si se demuestra que Estados Unidos tenía conocimiento de las condiciones inhumanas en el Cecot y participó de forma directa o indirecta, podría haber incurrido en responsabilidad internacional y en crímenes de lesa humanidad.

Santiago Cantón, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, señaló al Post que existen motivos razonables para abrir una investigación en la Corte Penal Internacional.