l Banco de México (BdeM) dio a conocer que en junio pasado los ingresos por remesas provenientes del exterior sufrieron una caída de 16.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2024, lo cual supone el mayor descenso para un junio desde que se tiene registro, así como la peor reducción desde septiembre de 2012. Además de bajar el monto total enviado por los mexicanos que laboran en el extranjero, la inmensa mayoría en Estados Unidos, también cayeron el número de operaciones (14.3 por ciento, con 12.7 millones frente a 14.8 millones de 2024) y la cuantía de la remesa promedio, la cual se contrajo de 419 a 409 dólares. Al acumularse cuatro meses continuos a la baja en los ingresos por remesas, se prevé que termine la racha de 11 años consecutivos de crecimiento que inició en 2025.
A partir de los datos divulgados por el banco central, analistas del mayor grupo financiero que opera en el país resaltan el sorprendente crecimiento de las remesas en el periodo 2013-2024, cuando prácticamente se triplicaron (de 23 mil 090 a 64 mil 746 millones de dólares) pese a que desde 2007 el número de migrantes mexicanos en territorio estadunidense se ha mantenido fijo en torno a los 12 millones de personas.
En realidad, no es un hecho sorpresivo, sino coherente con el enorme esfuerzo que realizan los paisanos para mejorar sus propias condiciones de vida, las de sus familias y las de sus comunidades de origen y de acogida. Son datos que hablan de trabajadores infatigables que se integran cada vez mejor a los requerimientos del mercado laboral estadunidense, quienes además son portadores de una cultura de emprendimiento, pues no pocos migrantes han transitado de jornaleros y trabajadores de servicios a empresarios formales que crean empleos para sus compatriotas, para migrantes de otras nacionalidades y para la población local de los pueblos y ciudades donde residen.
Por ello, la cacería humana desatada por el gobierno de Donald Trump contra quien sea –o parezca, según el perfilamiento racial descaradamente practicado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE– no sólo afecta a los receptores de remesas en México y otras naciones del Sur Global, sino también al tejido social y a la economía estadunidense. Al obligar a los migrantes a permanecer ocultos por miedo a caer víctimas de una redada, se induce un declive en las transferencias de las que dependen millones de familias, con lo que se logra el objetivo de la administración republicana de desincentivar la búsqueda del sueño americano
por parte de personas provenientes de países en vías de desarrollo. Sin embargo, el magnate y sus compatriotas que abrazan el discurso fascista de culpar a los migrantes indocumentados por todos los males que aquejan a Estados Unidos no parecen percatarse de que, al empujar a las sombras a millones de sus mejores trabajadores, también paralizan sectores enteros de la actividad económica, lastiman a comercios de todo tamaño y destruyen los empleos que supuestamente pretenden recuperar expulsando a los foráneos.
Las autoridades y la sociedad mexicanas no pueden incidir en las políticas de Washington, pero sí tienen la posibilidad y el deber ético de crear las condiciones para que los connacionales acorralados por la persecución xenófoba en Estados Unidos puedan retornar a México con la certeza de que aquí gozarán de seguridad física y patrimonial, así como de un contexto propicio para el desarrollo de sus oficios, profesiones y negocios.
