n un hecho inédito y relevante para el panorama nacional, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo recientemente un encuentro con representantes de diversos sindicatos mexicanos, incluidos los líderes de nuestro Sindicato Nacional de Mineros. Se trató de una reunión que puso en la mesa la urgencia de repensar el papel de la justicia frente a las demandas históricas de la clase trabajadora, en especial en un contexto donde persisten intentos de restringir o anular derechos fundamentales, como el derecho a huelga.
En los últimos años, México ha presenciado una preocupante tendencia gubernamental y patronal a obstaculizar el ejercicio legítimo de la huelga, bajo el pretexto de mantener la estabilidad o proteger intereses económicos. En nuestra lucha diaria desde el Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, hemos comprobado que la huelga es una herramienta indispensable y legítima para alcanzar la justicia laboral, es más, es el último recurso legítimo para hacer valer sus derechos. Durante las huelgas en empresas como Peñoles, Grupo México, y en las históricas huelgas de las minas de Cananea , Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombretete, Zacatecas, en 2007, nos mantenemos firmes para lograr mejores condiciones de trabajo e incrementos salariales importantes, el restablecimiento de contratos colectivos y el reconocimiento de nuestras dirigencias democráticas. Estos actos de resistencia no sólo beneficiarían a nuestros compañeros mineros, sino también demostrarían que la protesta organizada y persistente puede cambiar las condiciones reales de trabajo frente a quienes buscan limitar nuestros derechos.
En contraste con estructuras corporativas o burocráticas, la presencia de sindicatos democráticos y progresistas resalta como motor vital de transformación social. Pese a los retos, los sindicatos que son auténticamente progresistas han mantenido viva una agenda de renovación y democratización sindical. Han liderado batallas no sólo por mejores salarios, sino por la transparencia, la equidad de género y el derecho a la consulta libre, influyendo en la reciente reforma laboral que instauró el voto personal, libre, directo y secreto en las elecciones sindicales y la ratificación de contratos. Esto no es casualidad ni resultado exclusivo de la buena voluntad política-institucional: es producto de una presión social sostenida que nos recuerda que ningún avance llega si la clase trabajadora baja la guardia.
La reciente postura expresada por el presidente de la SCJN marca un giro relevante: la promesa de mayor apertura del máximo tribunal para atender, con estricto apego al marco legal, los pendientes en materia laboral. Esta reunión destaca la diferencia frente a gestiones anteriores, donde los canales de comunicación con los ministros de la Corte estaban cerrados y en varias ocasiones, a merced de los intereses económicos. Hoy se abre un nuevo capítulo en nuestra historia donde el diálogo directo y el acceso genuino a la justicia social, condición indispensable para consolidar el estado de derecho, se hacen tangibles.
En definitiva, es urgente que la Corte emita resoluciones objetivas e imparciales, ajenas a intereses particulares o presiones económicas, colocando el bienestar de la clase trabajadora en el centro de la impartición de justicia. Si México aspira a un cambio de fondo y a una transformación real, la imparcialidad y el apego a los principios constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier presión externa. El momento exige que la justicia sea una realidad palpable para quienes día a día sostienen al país desde sus puestos de trabajo: la justicia no puede ser patrimonio de los poderosos.
El histórico encuentro entre la Suprema Corte y los sindicatos abre una ventana de esperanza, pero también de vigilancia permanente: que la justicia social deje de ser una promesa postergada y se abra, verdaderamente, hacia la dignidad y el bienestar de las y los trabajadores mexicanos. Así, México atraviesa un momento definitorio en su historia: o seguimos marchando hacia ser un país verdaderamente democrático y justo o permitimos que los intereses económicos condicionen la dignidad de millones. El cambio llegará al garantizar, en los hechos, el respeto al derecho de huelga, el fortalecimiento de sindicatos verdaderamente representativos y una Suprema Corte dispuesta a proteger el interés público por encima del privado.
Desde el gremio minero, reitero nuestro compromiso: no dejaremos de luchar por una justicia laboral real, por condiciones dignas y por la plena libertad sindical. El país que soñamos sólo será posible cuando la justicia deje de ser privilegio de unos cuantos y se transforme en escudo de todas las y los trabajadores de México.
