Jueces del Poder Judicial del Estado de México vincularon a proceso a seis de los ocho detenidos durante la operación Liberación, instrumentada la semana pasada en el sur de la entidad para desarticular una estructura criminal que imponían cobro de derecho de piso a comerciantes para vender sus productos. Los delitos que les imputan son secuestro exprés y extorsión agravada.

Entre los acusados está la tercera regidora de Ixtapan de la Sal, la morenista Yareli N, quien formaba parte de esta organización que operaba con apoyo del grupo criminal La familia michoacana.

En audiencias llevadas a cabo el sábado en la tarde, los impartidores de justicia que conocen las causas penales consideraron que la fiscalía mexiquense aportó datos de prueba para presumir responsabilidad penal de los indiciados.

Además, a los seis les ratificaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán encarcelados en todo el juicio.

Los señalados son Gonzalo N, identificado como líder del Sindicato Bradosva, y según las indagatorias, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo.

Se le acusa de exigir el pago de “derecho de piso de 15 mil pesos por ingresos y 2 mil 500 por cada viaje, a comerciantes de Amanalco y Valle de Bravo para entregar estos productos en la zona.

La tercera regidora de Ixtapan de la Sal es imputada de secuestro exprés, pues en abril pasado ordenó privar de la libertad a un comerciante, a quien le exigió el pago de una cuota a cambio de permitirle seguir con sus actividades y lo amenazó con dañar a él o su familia si se negaba.

Jorge N, presunto líder de madererías de Valle de Bravo, también fue vinculado por extorsión agravada, ya que el 20 de junio habría amedrentado a un vendedor de madera, a quien al parecer le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus mercancías.

Antonio N, comerciante de carne de Sultepec, es señalado de ser el único autorizado para distribuir cárnicos a los comerciantes de Sultepec, Almoloya de Alquisiras y Texcaltitlán. Se le imputa extorsión agravada, pues en marzo pasado amenazó con matar a comerciantes.

La fiscalía también aportó elementos para enjuiciar a Alicia N y José Fernando N, quienes presuntamente trabajaban para La familia michoacana. Se les responsabiliza de extorsión, ya que en junio interceptaron a un ciudadano al que amenazaron y exigieron que comprara madera sólo a ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento y en caso de negarse le causarían daño y le impedirían seguir trabajando.

Se espera que hoy se determine la situación jurídica de Eli N y Bernardo N, empresario de madera y proveedor de pollo, respectivamente, quienes habrían amenazado a comerciantes para que sólo adquirieran insumos con ellos.