Acapulco, Gro., Estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron a la autoridades profundizar en cinco acciones relevantes para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ayer, en un mitin en Acapulco, Guerrero, los normalistas y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México solicitaron a las autoridades que se concrete la extradición de Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y continúen las indagatorias contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero, por la desaparición de los videos captados por más de 20 cámaras de vigilancia que eran controladas por el C-4 de Iguala.

En el acto realizado en el Antimonumento a los 43, en el entronque de la Vía Rápida y la avenida Costera Miguel Alemán, exigieron que se busque a sus compañeros en sitios cercanos a donde ocurrieron los hechos, como Cocula, Huitzuco y comunidades aledañas a Iguala.

Durante el mitin que se prolongó unos 20 minutos alrededor del mediodía, los jóvenes reprocharon al gobierno federal que no se han visto resultados de su trabajo ya que las autoridades siguen sin dar con el paradero de sus 43 compañeros.

Los normalistas, quienes arribaron al puerto de Acapulco a bordo de dos autobuses de pasajeros, demandaron que se investigue a los funcionarios de alto rango implicados en la noche de Iguala, así como a los militares José Martínez Crespo y Rafael Hernández Nieto, quienes actualmente se encuentran detenidos.

Criticaron que a poco de cumplirse 130 meses, casi 11 años de la desaparición, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa no ha entregado resultados satisfactorios, por lo que “nuestras personas siguen alzando la voz”.

Critica CNDH a ONG

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insistió en señalar que su ex director general de la Primera Visitaduría, José Martínez Cruz, divulgó “información privilegiada” sobre el caso Ayotzinapa en entrevistas en 2020, pese a que un tribunal colegiado en materia administrativa dictó “sentencia absolutoria” al no contar con evidencia de que el ex funcionario haya tenido algún beneficio.

En un comunicado difundido tres días después de que Martínez Cruz informó sobre la sentencia, la CNDH también rechazó que haya ejercido hostigamiento institucional o persecución personal contra él.

Refirió que si bien la sentencia de amparo concluyó que no se acreditó plenamente una ventaja profesional, “sí se confirmó la existencia de la conducta material: divulgación de información privilegiada”.

También criticó a las organizaciones civiles que apoyan a Martínez Cruz, como los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, que acompañan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

El organismo acusó que “han tenido desempeños nebulosos, por decir lo menos, en otros casos que hemos visibilizado, incluido, sobre todo, el de Ayotzinapa”.

Con información de la Redacción