a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer que las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con la dependencia, estas medidas son resultado del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal, y ratifican el compromiso del gobierno federal con el combate a la corrupción, la transparencia, la cero impunidad y la rendición de cuentas.

Congelar los activos financieros de Bermúdez Requena y su entorno sin duda dificultará continuar prófugo y evadir los requerimientos de la justicia al ex funcionario acusado de presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora, quien hoy es buscado por las autoridades de más de 190 países tras la emisión de una ficha roja de la Interpol. El uso de la inteligencia para ubicar el dinero de personas sobre quienes pesan fuertes indicios de conducta delictiva e impedir que sigan beneficiándose de recursos potencialmente ilícitos es una herramienta de probada eficacia en el combate al crimen, que además tiene un efecto preventivo y disuasorio: al encontrarse privados de sus capitales, los criminales no pueden llevar a cabo sus actividades y, al ver que les es imposible transferir la riqueza mal habida a sus familias y allegados, pierden incentivos para delinquir.

Cabe esperar que las disposiciones tomadas por la UIF, la Procuraduría Fiscal y la CNBV agilicen la localización de Bermúdez Requena y el cumplimiento de la orden de aprehensión vigente en su contra desde febrero pasado, poco después de su huida del país el 26 de enero. Asimismo, es indispensable que los esfuerzos de las instancias mencionadas y las demás que participan en el caso no sea obstaculizados por jueces facilitadores de la impunidad, pues existen lamentables precedentes de togados inescrupulosos que ordenaron devolver el control sobre sus cuentas bancarias a personajes sobre los que hay sólidas evidencias de culpabilidad. Es inevitable recordar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya; al empresario y presunto cómplice del anterior, Alonso Ancira, y, sobre todo, al superpolicía del calderonato, Genaro García Luna, a cuya esposa le fueron desbloqueados sus activos el mismo día que él era declarado culpable de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa.

Por último, el caso del ex funcionario es un recordatorio de la importancia de verificar los antecedentes y la probidad de todas las personas que ingresan al servicio público, con particular énfasis en aquellas que participan en tareas de seguridad pública.

Como destacó el secretario federal del rubro, Omar García Harfuch, desde que la nueva administración tabasqueña se consagró a desmantelar las estructuras criminales heredadas del paso de Hernán Bermúdez por el gobierno estatal, el promedio diario de homicidios ha caído de 3.2 a 1.7, una disminución de 45 por ciento, lo cual indica el daño que puede causar a la sociedad el nombramiento de un individuo o un grupo con vínculos delictivos.