La Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar por tiempo indefinido la discusión de un proyecto que definiría el futuro de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México. El asunto quedaría pendiente para la próxima integración del máximo tribunal, que inicia funciones el 1º de septiembre.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió retirar de la lista de asuntos del pleno el expediente 3/2023. El proyecto, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, busca dar cumplimiento –por parte del Poder Judicial de la Federación– a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de enero de 2023 en el caso García Rodríguez y otro vs. México, que declaró inconvencionales ambas figuras penales.

La Presidencia reconoció que el cumplimiento de la sentencia está pendiente, pero pidió que el proyecto sea retirado de la lista oficial del pleno, a fin de que el cumplimiento de la sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional, según señaló la consejería.

Aunque la petición fue recibida el 23 de junio, no se notificó hasta el 9 de julio en las listas electrónicas de la Corte. La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, turnó la solicitud a Pardo Rebolledo.

El asunto representa uno de los más trascendentes que abordaría la actual integración de la SCJN, cuyo periodo concluye el 31 de agosto, de acuerdo con la reforma judicial. El proyecto fue listado por primera vez para discusión el 23 de octubre de 2024 y ocupa el lugar 18 de 19 de los temas que el pleno prevé tratar en sus últimas sesiones: 15 de julio y 5 y 12 de agosto. La decisión podría tomarse por mayoría simple de seis votos.

Es la segunda vez en el año que el Ejecutivo pide postergar su discusión. En mayo hizo una solicitud similar, para que el nuevo pleno resuelva el tema. El 25 de junio, la Corte excluyó el asunto en una versión actualizada de la lista, pero fue reincorporado al día siguiente.

Junto al proyecto de Pardo, también está en lista el de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propone declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa para que deje de aplicarse en automático en el país y se apegue a estándares internacionales. Este proyecto lleva más de un año pendiente de votación.