ace un año escribí en estas páginas sobre la pérdida de soberanía en salud. Lo hice como quien lanza una botella al mar: con la esperanza de que alguien la leyera, pero también con la necesidad urgente de decirlo. Ahora que la conversación pública ha vuelto a poner este tema en el centro, retomo aquella reflexión desde otro lugar: con más datos, más certezas y una convicción más firme.

La salud no puede seguir siendo tratada como negocio. Es tiempo de reconstruir lo que fue desmantelado.

Durante décadas, México desarrolló capacidades industriales para producir medicamentos. Plantas públicas operando, normativas firmes, cadenas de valor articuladas en territorio. Pero a partir de 2008, algo cambió de forma abrupta. El producto interno bruto de la industria farmacéutica comenzó a caer, desconectándose de la tendencia manufacturera general. El golpe decisivo fue la eliminación del requisito de planta, que abrió la puerta a la comercialización de medicamentos sin producción local alguna.

Esa decisión no fue técnica, fue política. Se eligió favorecer el libre mercado en lugar de proteger la capacidad nacional. Se justificó en nombre de la eficiencia, pero lo que produjo fue una desorganización lucrativa: un sistema fragmentado, lleno de intermediarios, donde múltiples actores ganaban rentas sin agregar valor alguno. Los costos cayeron sobre la población. Más gasto de bolsillo, menos acceso, enfermedades que regresaron.

La pandemia fue el espejo. Cuando más necesitábamos insumos, nos dimos cuenta de que habíamos perdido la posibilidad de elaborarlos. Las fábricas estaban cerradas, las moléculas no eran nuestras, los tiempos de entrega venían dictados desde Asia o Europa. No era sólo un problema logístico: era la constatación de una renuncia histórica.

Algo distinto se ha ido gestando. La discusión sobre la soberanía en salud ha vuelto al centro. Desde el fortalecimiento de la producción pública hasta la creación de un sistema nacional gratuito a través del IMSS-Bienestar, se trata de recuperar capacidades, infraestructura y confianza. No basta con importar más barato: hay que volver a producir, planificar, formar cuadros y garantizar el acceso como derecho, no como mercancía.

No hablamos únicamente de laboratorios o moléculas. Hablamos de un modelo de país. Un modelo en que el Estado no se retira, sino que conduce. En el que la salud no se terceriza, sino que se cuida. En el que el interés público no se subordina al lobby de unos cuantos.

La recuperación de la soberanía también requiere aterrizar decisiones técnicas concretas. Uno de los pasos claves es definir listas de medicamentos estratégicos cuya producción nacional deba ser priorizada e incentivada. El camino hacia el autoabastecimiento implica combinar políticas industriales inteligentes con regulaciones que orienten el mercado. No es sencillo: experiencias en otros países han mostrado que algunas alianzas público-privadas no dieron los resultados esperados, e incluso fue necesario desmontar líneas de producción.

Por eso, avanzar con realismo, visión estratégica y vocación pública es parte esencial de esta tarea.

Recuperar la soberanía no es un acto nostálgico, es una tarea urgente. Porque cada medicamento que no llega, cada paciente que se queda sin tratamiento, es una señal de lo que hemos dejado caer. Y también, de lo que podemos volver a levantar.

La montaña sigue siendo una sola. El cielo también. Que el sistema de salud lo sea de nuevo, también es posible.