a Fiscalía de Chihuahua confirmó ayer la identificación y entrega de seis de los 383 cadáveres que fueron descubiertos en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde los encargados apilaban los cuerpos y entregaban a los deudos cenizas de animales. Así se trate de un caso único –y ojalá que lo sea–, el macabro fraude perpetrado en ese establecimiento obliga a inquirir por el escaso control oficial que existe sobre la operación de los servicios funerarios en general y los riesgos que esa situación conlleva.
Debe considerarse, para empezar, que los negocios de este giro se realizan en circunstancias excepcionales: en la medida en que sólo una minoría de la gente organiza con antelación su funeral o los de sus familiares, la muerte agrega al dolor de los deudos la presión de contratar salas de velatorios, adquirir ataúdes y servicios como el embalsamamiento, buscar sitio en un cementerio o turno en un crematorio y tramitar, además, un certificado de defunción para poder enterrar o incinerar el cuerpo de la persona difunta.
Las presiones y el choque emocional se agudizan cuando se trata de fallecimientos inesperados, como ocurre con los accidentes, los homicidios y las muertes súbitas, e incluso cuando alguien muere de causas naturales en su domicilio y los dolientes tienen que buscar a un profesional dispuesto y facultado para emitir el documento referido. Y los obstáculos burocráticos para llegar a la disposición final del cadáver se multiplican, en condiciones anímicas que nadie desea experimentar, cuando intervienen procesos periciales en un forense.
Pero aun en ausencia de autopsias de ley, lo último que pasa por la cabeza de quienes deben contratar los funerales es defender sus derechos como consumidores; así, la muerte es una situación en la que todo tiene precio –traslados, velatorios, medidas de conservación y arreglo del cuerpo, coronas florales, féretros, urnas, misas, tumbas y nichos– y que puede prestarse a toda suerte de abusos y de fraudes en contra de los dolientes.
Por añadidura, no existe garantía alguna, salvo la ética de los prestadores de estos servicios, de que se respete la dignidad de los difuntos en los diversos pasos que han de seguirse desde que el cuerpo es llevado a la funeraria hasta su inhumación o su entrega como cenizas.
El horrible y extremo caso del crematorio Plenitud debe ser visto, a la luz de estas consideraciones, como un llamado de alerta sobre la falta de una vigilancia que debiera garantizar que los servicios funerarios no se conviertan en una tragedia adicional a la muerte misma, en una brutal falta de respeto a los difuntos y a sus seres queridos o en algo peor. Sería lamentable, por supuesto, que tal vigilancia se constituyera como una capa más en la tramitología de la muerte. Debe ser concebida, por el contrario, como un elemento más para procurar el bienestar de la población.
