diferencia de los vencedores electorales para el cargo de ministros, en los resultados para jueces y magistrados hubo varias inconformidades. Parte del debido proceso, al caso electoral, y del derecho humano de los participantes en cualquier litigio, es la posibilidad de recurrir ante juzgadores imparciales las irregularidades argumentadas por los candidatos; pero este derecho no es sólo de los candidatos, también lo es de aquellos que recibirán el servicio de administración de justicia.
Ante la exclusión nominal y discursiva, no fáctica, de los partidos electorales, los candidatos a jueces y magistrados debieron hacer sus campañas con sus propios recursos. Esta inversión y la importancia del cargo les da la posibilidad de recurrir anomalías tales como la presencia de acordeones, indicio de irrefutable de indicaciones para el electorado sobre qué candidatos debieron ser marcados, o las inconsistencias en los conteos. Puesto que no había partidos políticos para representar al electorado, éste también debió tener la posibilidad de solicitar el recuento voto a voto, frase señera del anterior presidente de la república cuando los resultados electorales no le fueron favorables como candidato de oposición.
Como se dijo aquí antes del hecho, el tribunal electoral del poder judicial de la federación convalidó la elección judicial bajo el argumento de que la ley no preveía la figura del recuento voto por voto (La Jornada, 5/07/2025). Los magistrados de este órgano evidenciaron su sometimiento al poder; ya lo habían hecho al permitir la sobrerrepresentación en las cámaras legislativas, entre otros. Si la elección judicial realmente fuera democrática, debería tener un recurso efectivo. La posibilidad de que algún candidato acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar la revisión del irregular procedimiento tampoco garantiza que se democratice y legitime a los nuevos juzgadores. La alarmante facilidad con que las autoridades mexicanas ignoran los señalamientos de la Comisión Interamericana está documentada (El Universal, 6/07/2025).
Algunos de los ganadores, trabajadores del poder judicial, unos vencedores de concursos de oposición cuando era el camino legal para acceder al cargo, cargarán con la mancha de la falta del debido recurso que sin duda beneficia a varios nuevos jueces sin experiencia para el cargo o relacionados con entidades religiosas o la delincuencia organizada (La Jornada, 6/07/2025). La democracia como ficción discursiva. Debida o no, la reforma judicial es un proyecto político. La visión legalista se sustituye por otros parámetros. Por lo pronto así está anunciado en temas indígenas: no importan las consecuencias ni las causas, debe favorecerse en las sentencias a los indígenas, aunque en los hechos sean otros los beneficiarios (La Jornada, 5/07/2025).
