ra febrero de 2017 cuando, en el marco del acto de disculpa pública ofrecida por el Estado mexicano a tres hñähñu acusadas arbitrariamente de secuestro y privadas de su libertad por más de tres años, una de las mujeres, Estela Hernández, acompañante en el acto de su madre, Jacinta Francisco Marcial, culminó su discurso con la frase: Hasta que la dignidad se haga costumbre, que desde entonces se ha repetido a lo largo y ancho de América Latina como expresión de la lucha por la justicia que se encarna en innumerables personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos desde el acompañamiento y la articulación de la sociedad civil; una de ellas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que hace dos semanas celebró otro relevo en su dirección.

El Centro Prodh fue fundado en 1988 como un esfuerzo de la Compañía de Jesús en México por promover y proteger los derechos humanos en un contexto de alta movilización social y política. La creación de este centro de derechos humanos no puede explicarse sin reconocer el amplio conjunto de movimientos de la sociedad civil que desde la década de 1960 han impulsado en México y América Latina la agenda de exigibilidad en materia de justicia, igualdad, democratización y construcción de contrapesos en medio de procesos sociopolíticos de alta represión y persecución.

Los esfuerzos de la Iglesia católica por acompañar las causas de las mayorías populares fueron nutriendo poco a poco los cimientos sobre los que se levantaría el ecosistema de organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Los dominicos y los jesuitas fueron órdenes pioneras en la materia con la creación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en 1984 y del referido Centro Prodh cuatro años más tarde. Desde entonces, la lucha por los derechos humanos en México se ha convertido no sólo en uno de los principales afluentes narrativos en materia de reivindicación de la justicia, sino en una fuerza impulsora de cambios estructurales que han permitido la democratización, el fortalecimiento institucional, el acceso a la justicia y la promoción cultural y educativa en materia de derechos fundamentales, aun en tiempos de crispación social y erosión democrática, como hoy.

En sus casi 37 años de historia, el Centro Prodh ha acompañado casos emblemáticos que han sentado antecedentes para modificar el actuar del Estado y sus instituciones de justicia. Entre otros, destacan los casos de campesinos ecologistas, Pasta de Conchos, la Guardería ABC, las mujeres de Atenco, Ayotzinapa, gobierno espía, o el ya referido de las tres mujeres hñähñu, muchos de los cuales han derivado en reformas en materia de acceso a la justicia y garantía de los derechos humanos, así como en el establecimiento de medidas para la atención, rehabilitación y reparación del daño; en el fortalecimiento de mecanismos contra la tortura; en la atención institucional de la crisis de desaparición que azota al país; en la creación de instancias para la atención a víctimas, y en la búsqueda de personas, entre muchos otros efectos. La propia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 no puede explicarse sin el papel crucial que han desempeñado los centros como el Prodh.

Aun a pesar de la gran tradición de lucha por la justicia de la que ha formado parte el Centro Prodh, hoy nuestro país atraviesa una realidad compleja marcada por la creciente militarización y el debilitamiento democrático. Ante la reforma del Poder Judicial que pone en duda la independencia de su ejercicio, ante el debilitamiento de organismos autónomos claves para la defensa y promoción de los derechos humanos, como la CNDH, frente a la creciente militarización que sexenio tras sexenio se va arraigando como el modo de proceder privilegiado por el Estado –no sólo en materia de seguridad– y ante los obstáculos que enfrentan para desempeñar su quehacer los organismos internacionales de derechos humanos en un contexto de polarización política global, podemos afirmar con certeza que hoy las sociedades en buena parte del mundo no cuentan con más y mejores plataformas de exigibilidad y cobertura de los derechos humanos.

En un país de víctimas como el nuestro, la agenda por los derechos humanos es indispensable para salvaguardar la dignidad de las personas afectadas por la crisis de violencia aquí y por las carencias institucionales para el acceso a la justicia. Hoy más que nunca la sociedad mexicana necesita organismos defensores de derechos humanos que caminen comprometidamente, junto a las víctimas, en la exigencia de verdad y justicia, de ahí la importancia de reivindicar el papel del Centro Prodh como una organización referente en la lucha y promoción de los derechos humanos del país.

En el marco de la asunción de la nueva dirección del Centro Prodh desde el 27 de junio, aprovechamos este espacio para unirnos a las muestras de reconocimiento que organizaciones y actores han hecho de la gestión de Santiago Aguirre Espinosa al frente del Prodh durante los últimos seis años. La labor del Centro Prodh durante su gestión honró su compromiso de caminar junto a las víctimas en la intermediación con las autoridades y en la construcción de condiciones de exigibilidad de justicia, especialmente frente a la coyuntura de la crisis de desaparición de nuestro país y de violaciones sistémicas de las instancias de justicia a través la tortura y la prisión preventiva injustificada. En el mismo sentido, saludamos la designación de María Luisa Aguilar Rodríguez como nueva directora del Centro Prodh, cuyo testimonio y trayectoria en la defensa y promoción de derechos humanos la avalan para conducir al Centro Pro en la urgente tarea de construir justicia en México de la mano de las víctimas. Estamos seguros de que su liderazgo al frente del centro será un signo de esperanza y refrendará la importancia de luchar por los derechos humanos hasta que la dignidad se haga costumbre.