Buenos Aires. El presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, perdió ayer las facultades que le concedió el Congreso por un año, lo cual le dio un poder casi ilimitado que le permitía jactarse de ser un topo infiltrado para disolver el Estado, lo que hizo hasta las últimas horas, al oficializar la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos, medidas que publicó en el boletín oficial y que abarcan áreas claves en todo el país.

Todo lo actuado hasta ahora ha sido calificado por los críticos de Milei de golpe de Estado encubierto, pues no dejó nada en pie. Sus decretos, basados en la necesidad de achicar el Estado y el gasto público, han tenido serias consecuencias desde que asumió el Ejecutivo (10 diciembre 2023), al llevar al cierre de organismos e instituciones públicas en todas la áreas, incluidas salud, educación, cultura y derechos humanos, con el costo adicional de miles de desempleados.

Los 21 decretos ponen la estructura judicial bajo su control y aumentan a extremos nunca visto las fuerzas de seguridad, con equipos y armamentos de primer nivel para la represión, y reglamentos anticonstitucionales, como lo hacían las dictaduras.

Se autorizó la desregulación de la venta de armas; se presentó un nuevo reglamento que permite a fuerzas policiales espiar, detener, realizar allanamientos, utilizar la fuerza en cualquier circunstancia e inclusive matar sin autorización judicial.

Al amparo de estos mismos superpoderes, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fueron entregadas al control de la Gendarmería Nacional.

Frena obras; la red de carreteras, a la deriva

El mandatario disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, lo que frenó la obra pública, en un intento por atraer inversiones privadas, lo que es casi imposible porque arreglar y construir carreteras no es un negocio que atraiga inversores.

A raíz de la suspensión de obras públicas han sucedido accidentes, quedaron aisladas poblaciones en todo el país y estas medidas incluso han limitado la respuesta ante incendios e inundaciones que podrían haberse previsto; asimismo, suspendió los trabajos finales del gasoducto construido en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2007), que habrían permitido tener suficiente gas a bajo precio.

Este miércoles se dará a conocer el contenido de otros decretos.

Organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales, trabajadores de vialidad y de la ANSV e intendentes bonaerenses coincidieron en el diagnóstico: Las rutas quedarán a la deriva, publicó Página/12. Ahora se transformará a la red vial nacional en rutas de la muerte.

En tanto, la cifra de más de 60 fallecidos por hipotermia entre los miles que viven en las calles da cuenta de la realidad que ocultan los medios hegemónicos locales y extranjeros. Sólo en esta capital, 12 mil personas viven en las calles, señala un informe oficial, aunque la cifra real es mayor, porque sólo se consideraron las zonas centrales de la ciudad.

Golpe a la academia

A esto se suma el despido de mil 500 directivos e investigadores, mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos y reducción de becarios en centros académicos y de investigación, entre otras modalidades.

Asimismo, se ha puesto en marcha una campaña de censura utilizando el eufemismo de investigación con asepsia. Algo similar ocurrió en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muy respetado en el mundo y resurgido durante los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner. En ese entonces científicos que estaban en otros países retornaron a Argentina.

Hoy el Conicet está bajo ataque del gobierno de Milei, que anunció que no acudirá a Tucumán para participar hoy en el acto conmemorativo de la Declaración de la Independencia. Ni siquiera habrá desfile, porque la situación se agrava cada hora y la economía se sumerge en un pozo.