En el próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará en septiembre, la Cámara de Diputados abordará diversas iniciativas prioritarias relacionadas con asuntos de salud, y no sólo la que tiene que ver con la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, como se había previsto originalmente.

De acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, las reformas relacionadas con temas sanitarios formarán parte de un paquete en el cual también se prevé darle nuevas atribuciones tanto a la Secretaría de Salud (Ssa) como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sin embargo, los detalles de estas últimas iniciativas, que modificarían la Ley General de Salud, todavía no están terminadas, por lo que se enviarían a finales de agosto para que estén listas para su debate y eventual aprobación en septiembre, indicó el legislador.

Como se informó en este diario, la reforma a los artículos constitucionales 4 y 5, que prohíbe la comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, se avalaron a finales de 2024, pero todavía sigue pendiente la aprobación de las leyes para llevarla a la práctica.

Aunque en un principio sólo se contemplaba la reglamentación de ese tema, se tomó la decisión de profundizar más los cambios a la legislación, de tal forma que se incluyan aspectos como la fabricación de medicamentos genéricos en México y las licitaciones a laboratorios nacionales.

Dicho rubro fue mencionado en días recientes por el director general del programa IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, quien advirtió que más de 65 por ciento de las medicinas e insumos médicos que se utilizan son importados, a pesar de que la industria farmacéutica nacional representa un mercado superior a 3 mil 300 millones de dólares.

La presidenta Claudia Shein-baum anunció que buscaría revitalizar el sector farmacéutico del país, y recordó que se ha emitido un decreto para establecer como criterio clave en las próximas licitaciones públicas de medicamentos la existencia de plantas de producción en territorio nacional.