Organizaciones civiles defensoras de la población migrante alertaron sobre la falta de información de personas extranjeras deportadas a México por Estados Unidos, más de 6 mil desde que inició el gobierno del presidente Donald Trump, el 20 de enero pasado.

A través de testimonios han documentado discrecionalidad en los procesos y que no se les brinde opciones de regularización en el país, pese a las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan, como secuestros.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, expuso el caso de una venezolana deportada por EU que fue secuestrada y violentada sexualmente en Veracruz.

Conoció a la mujer en una visita a estaciones migratorias del sur del país, quien denunció que mientras ella fue deportada a México, su esposo fue enviado a Venezuela. Una vez en territorio mexicano, dijo, el Instituto Nacional de Migración (INM) la llevó en autobús hasta Villahermosa, donde después la soltó en la calle.

Kuhner señaló que la venezolana decidió tratar de ir a la Ciudad de México para ver si podía solicitar refugio, un trabajo o volver a su país, pero en el camino la secuestraron y la violaron muchísimas veces durante dos meses.

Podrían haberle dado un documento migratorio para que pudiera circular por México, pero no estar en Tierra Blanca secuestrada durante dos meses declaró en un foro sobre migración.

Karen Pérez, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados México, coincidió que la deportación de extranjeros es un tema bastante delicado, pues en varios casos han documentado que ni siquiera se les informa que serán enviados a territorio mexicano.

Salvador Guerrero, coordinador de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, expuso que esta situación ha sido llevada ante el Consejo Ciudadano (CC) del INM, el cual preside.

Refirió que en la pasada sesión del CC con el comisionado Sergio Salomón, plantearon su preocupación porque el plan México te abraza omite qué hacer con las personas extranjeras. Por ello, exhortaron que se priorice la atención de esta población y se publiquen las cifras de cuántos son, sus nacionalidades y condiciones para ofrecerles alternativas.