La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluirá con un saldo negativo y muy duro en contra de las comunidades indígenas, pues de las 56 leyes que invalidó con acciones de inconstitucionalidad, 55 fueron contra los pueblos originarios de México, acusó ayer la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Durante la presentación de un documental, la togada llamó a no normalizar este patrón y advirtió que el gran reto del próximo máximo tribunal del país –que tomará posesión el 1º de septiembre– será garantizar que los derechos constitucionales de los pueblos originarios no sigan siendo letra muerta.

Son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron invalidadas en contra de comunidades indígenas, alegando el derecho de éstas a ser consultadas. No se vale, no es posible, no puede seguir sucediendo. No podemos dejar que siga pasando, expresó en la sede del máximo tribunal del país.

Enfatizó que las comunidades indígenas requieren apoyo muy importante del país, no sólo en términos gubernamentales, sino en reconocimiento jurídico y constitucional, que ya se hizo, y por lo tanto, jurisdiccional.

Batres Guadarrama encabezó la presentación del documental Zazhi Ni Múbú, es fuerte tu corazón, que narra la lucha jurídica de la comunidad mazahua de Crescencio Morales, Michoacán, por defender su derecho a ejercer presupuesto público en beneficio de sus habitantes.

El filme, realizado por la ponencia de la abogada junto con la comunidad de Crescencio Morales, relata el caso de controversia constitucional 17/2022 analizada en la Corte, con la que Zitácuaro impugnó leyes de Michoacán que permiten a pueblos indígenas administrar recursos públicos para obras y servicios comunitarios.

El asunto comenzó a discutirse en la SCJN en abril de 2023. El ministro Javier Laynez Potisek propuso invalidar las leyes por falta de consulta indígena, pero su proyecto fue rechazado. Se pidió uno nuevo para revisar otros posibles motivos de inconstitucionalidad.

En ese nuevo proyecto, ya circulado, Laynez Potisek vuelve a proponer la invalidez, ahora porque las leyes afectarían las facultades presupuestales municipales. La discusión está programada para el 15 de julio.

Tras ver el documental, el líder comunitario Silvestre Chávez dijo que seguirán luchando para conservar sus derechos y obras sociales financiadas con recursos públicos.

El abogado Orlando Aragón, del Colectivo Emancipaciones, destacó que la SCJN está por enfrentar una discusión histórica sobre la autonomía indígena, y pidió a los ministros considerar el impacto social del caso.