Integrantes del ejido Corcovada en San Luis Potosí, solicitaron a la Procuraduría Agraria (PA) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) programas de capacitación legal para la protección de sus terrenos y planes de reforestación, ante los insistentes intentos de un conjunto de empresas vinculadas a Grupo Salinas, para tomar posesión de 426 hectáreas que destinarían al desarrollo de un proyecto minero.

Francisco Gutiérrez Aguilar, integrante del grupo de defensa del ejido, detalló en entrevista que se solicitaron las capacitaciones a Víctor Suárez, titular de la PA, durante una reunión realizada antier en la Ciudad de México, con la finalidad de fomentar mayor conocimiento y conciencia la comunidad sobre el valor de sus terrenos para frenar los planes de las compañías Cemat Constructions, Servicio Drilling e Inkazteca Drilling.

A pesar de las divisiones provocadas en la comunidad por las empresas señaló que actualmente se cuenta el apoyo de 90 de los 197 ejidatarios en la defensa y preservación de sus territorios.

Reiteró que el personal de las compañías insiste en hacerse de las propiedades, incluso a través de la renta o con otros recursos, sin tener éxito hasta el momento.

Durante el encuentro, destacó la intervención de la PA, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar el 18 de mayo el desarrollo una asamblea general del ejido en la que se gestaba el despojo de los terrenos entre un grupo de ejidatarios bajo la supervisión y asesoramiento de las empresas.

Aseguró que la mandataria federal está atenta del caso ante cualquier intento de enajenación o apropiación.

A su vez, Gutiérrez resaltó que a Pedro Álvarez Icaza, titular de la Conanp, se le solicitó apoyo en la creación de un programa de reforestación, ante los impactos ambientales provocados por la remoción de vegetación provocados por las empresas con los trabajos de barrenado para estudios de subsuelo y la construcción de brechas de caminos, que darían inicio la mina bajo un proyecto de extracción de material pétreo.

Aseguró que también se notificó a Álvarez Icaza sobre las inspecciones realizadas en mayo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que derivaron en la clausura de los trabajos iniciales mencionados. Constató que el personal de la procuraduría sólo ha podido notificar a los representantes de una sola empresa sobre las indagatorias realizadas, ya que no se encuentra la dirección de otra.

El representante ejidal destacó que le gustaría acercar este caso a otras autoridades, como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la finalidad de encontrar más apoyos de las autoridades federales.