La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó ayer a la empresa Coisa, Consultores Industriales, contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que la acusó de simular operaciones al facturar servicios a Grupo Televisa sin contar con activos ni personal propio.

En sesión, el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek fue aprobado con su voto, el de Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa; en contra fue Lenia Batres, quien advirtió sobre la flexibilización de criterios que facilitan el fraude en materia fiscal.

Según el SAT, Coisa incurrió en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal al emitir comprobantes en 2014 sin acreditar medios materiales ni humanos. No obstante, la firma argumentó que actuaba como intermediaria entre empresas operadoras de Televisa, que no tenían empleados, y otras proveedoras de personal dentro del mismo grupo, y presentó pruebas, como nóminas y declaraciones de impuestos.

Aunque el SAT desestimó esas pruebas en 2019 y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción en marzo de 2024, la Corte determinó que Coisa sí contaba materialmente con el personal necesario, por lo que le concedió el amparo y ordenó al TFJA dictar una nueva resolución considerando las pruebas presentadas.

Gana Cofece a farmacéuticas

En la misma sesión, la segunda sala ordenó a un juzgado federal admitir a trámite las primeras acciones colectivas promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra varias farmacéuticas, con las que busca que paguen 2 mil 316 millones de pesos al Estado por presuntas prácticas monopólicas absolutas.

Con tres votos contra uno, la sala aprobó dos proyectos de Pérez Dayán que resolvieron los recursos de apelación 3/2025 y 4/2025. El fallo revocó la sentencia del 15 de noviembre de 2024 del juzgado primero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, que había desechado la demanda, y ordenó emitir una nueva resolución.

Las empresas señaladas son Casa Saba, Casa Marzam, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos. Aunque la Cofece está por desaparecer tras la reforma constitucional de 2024, el litigio será heredado por la Comisión Nacional Antimonopolios.

La comisión impuso en 2021 la multa al determinar que durante 10 años (2006 a 2016) las empresas se pusieron de acuerdo para restringir la distribución de medicamentos durante varios días del año y con ello limitar su cantidad en farmacias, lo que infló sus precios y provocó un daño estimado en más de 2 mil millones de pesos. La indemnización sería destinada al IMSS-Bienestar.