Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que aseguró 11 pozos de agua que operaban de forma irregular y 25 tomas de las que se extraía el líquido de manera clandestina. Lo anterior, a raíz de una investigación abierta por el Ministerio Público tras denuncias de integrantes del Congreso local para reportar casos de huachicol de agua.

Entre el 1º de marzo y el 30 de junio policías de investigación de la FGJEM emprendieron acciones para detectar y asegurar puntos de posible extracción ilegal de agua en municipios de la entidad.

Con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se realizaron cateos en inmuebles con sospechas de sustracción ilegal del líquido.

Entre los principales, destacan los realizados en Texcoco, donde fueron asegurados tres pozos. Hace unos días, en Chicoloapan, la fiscalía estatal suspendió un venero denominado pozo Los Pinos, en la colonia 2 de Marzo. En abril, en Ocoyoacac, hubo un operativo que incluyó cateos en siete domicilios en los que se aseguraron 18 tomas clandestinas de las que se sustraía agua potable de manera ilegal.

Durante esta diligencia también clausuraron un venero conocido como Pozo 13, así como cuatro tomas más localizadas en las cercanías de los inmuebles inspeccionados.

El mes pasado, en el municipio de Jocotitlán, la FGJEM y la policía estatal examinaron y clausuraron una construcción en la cual se encontró un pozo y tres tomas clandestinas de donde presuntamente se sustraía agua potable de manera ilícita.

Con estas acciones se debilita la estructura financiera de grupos dedicados a esta actividad que registra ganancias millonarias anuales, ya que el costo de una pipa puede llegar a superar 2 mil pesos, informó la fiscalía en un comunicado.

El huachicoleo de agua está tipificado como delito en el Código Penal mexiquense desde 2022. Las penas van de dos a los seis años de prisión y hasta ocho si se comprueba que el fin de la extracción ilegal del líquido es la comercialización.

En marzo pasado, en el Congreso local ingresaron dos iniciativas de reforma, una de Morena y otra del PVEM para endurecer las sanciones por este ilícito y considerarlo como delito grave. Los castigos propuestos van de 10 a 30 años de prisión, sin embargo, éstas continúan en análisis en la legislatura.