Una semana después de que el gobierno de Estados Unidos sancionó por presunto lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Departamento del Tesoro no ha enviado prueba alguna que sostenga esa acusación.

Asimismo, señaló que su gobierno está haciendo todo lo necesario para que no resulten afectados los ahorradores e inversionistas de las instituciones sancionadas.

En la mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo acentuó que por ahora no hay pruebas para actuar en México en contra de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.

La información que envió el Departamento del Tesoro al gobierno de México, insistió, no constituye prueba alguna. Aun así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a la casa de bolsa, dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas. Pero en términos de lavado de dinero, no presentaron ninguna prueba. A lo mejor ellos tienen pruebas, subrayó.

La mandataria resaltó que el anuncio del Departamento del Tesoro contra las instituciones financieras mexicanas generó alerta entre los ahorradores e inversores de los dos bancos y la casa de bolsa.

Por eso se intervinieron; fue una decisión de la SHCP consensuada con la CNBV, hablando con el Banco de México, de cuál era la mejor forma para evitar algún problema en el sistema financiero y en los propios bancos.

En ese sentido, la mandataria afirmó que la Asociación de Bancos de México ha reconocido el manejo del caso y la intervención de Hacienda.

Se ha actuado de manera muy responsable, reconocida por los bancos mexicanos, y se está haciendo todo lo necesario para que no tenga implicaciones para los ahorradores ni para quien invierte, y buscar la mejor forma si alguien quiere retirar sus recursos y cómo se podría hacer sin que tuviera efectos mayores.

Acusó además que la denuncia interpuesta por el líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, y otros panistas ante la Fiscalía General de la República por el caso de Vector –a fin de implicar al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el dueño de esa casa de bolsa es Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasado– es pura hipocresía y propaganda; no tienen pruebas.