Madrid. Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y mano derecha, así como operador político del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durmió anoche en prisión. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó su ingreso en la cárcel sin derecho a fianza al considerarlo el líder de la trama criminal que pagó mordidas a cambio de jugosos contratos de obra pública, la mayoría otorgados a través del ministerio de Transportes, cuando lo presidía José Luis Ábalos, pero también investigan las adjudicaciones de otras administraciones públicas, como el gobierno autonómico de Navarra, de la también socialista María Chivite.

El juez adoptó esta decisión en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que ante el cúmulo de pruebas documentales, grabaciones y registros bancarios se puso en evidencia el papel preponderante de Cerdán en la presunta trama de corrupción.

El ahora imputado fue hasta el pasado 12 de junio el secretario de Organización del PSOE, hombre de la máxima confianza de Sánchez y diputado en el Congreso, y ahora será procesado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Cerdán fue el responsable de negociar con los independentistas vascos y catalanes, incluido el ex presidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, el apoyo parlamentario para la investidura de Sánchez. El juez ordenó su traslado a la prisión de alta seguridad de Soto del Real.

En el auto de prisión incondicional, el magistrado de la sala segunda afirma que existen notabilísimos indicios contra Cerdán. El magistrado explica que Cerdán y Koldo García habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar 2000 SLU para la obtención de beneficios económicos como consecuencia de la adjudicación de determinadas obras.

El auto prosigue señalando que producido el nombramiento como ministro de José Luis Ábalos Meco, éste habría nombrado a Koldo García como asesor en su ministerio, precisamente a instancia de Santos Cerdán, con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al ministerio (en particular, en la Dirección General de Carreteras y en ADIF).

El magistrado explica así el funcionamiento de la organización criminal instaurada en el seno del PSOE y el gobierno. “Ábalos, en su condición de ministro, desplegaba al respecto, en el marco del referido reparto de papeles, la influencia que en dicha condición le correspondía, encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor, don Koldo, quien, aunque en principio carecía de toda competencia en esta materia, era el que, sin embargo, se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el director general de Carreteras –Javier Herrero– y con la presidenta de ADIF –Isabel Pardo de Vera–, por la directa gestión de las adjudicaciones”.

En su declaración ante el juez, el ex líder socialista se declaró inocente y se dijo víctima de una persecución política por su papel durante la negociación con los independentistas.